Exdiputado Héctor Briones denuncia fraude por 2 mdd; señala a exdirector de Pemex

Este fraude habría sido en inversiones en hidrocarburos y estaciones de servicio.

Héctor Briones, exdiputado, y su abogado.
Héctor Briones, exdiputado, y su abogado. Créditos: Paola Treviño / ABC Noticias.
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Monterrey.- Un presunto fraude millonario relacionado con inversiones en hidrocarburos y estaciones de servicio fue denunciado públicamente este jueves, al señalar a un empresario sampetrino de operar un esquema basado en la confianza y el prestigio familiar para atraer inversionistas.

En entrevista afuera del Congreso Local, el exdiputado Héctor Briones, aseguró haber sido víctima del presunto fraude atribuido a Mauricio Montemayor, exdirectivo de Pemex, a quien acusó de ofrecer proyectos relacionados con permisos energéticos, importación de combustibles y compra de gasolineras.

Briones afirmó que él y su familia perdieron prácticamente todo su patrimonio tras invertir recursos en dichos proyectos.

“Lamentablemente su servidor fue víctima de uno de estos temas de fraude utilizando todos estos esquemas de pedir dinero en base a la confianza y de poder invertir. Mi familia y yo hemos perdido casi todo nuestro patrimonio”, expresó.

El denunciante aseguró que Montemayor ofrecía gestionar permisos ante la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, además de presentar proyectos relacionados con importaciones de combustibles y adquisición de estaciones de servicio.

Según relató, las inversiones se realizaron hace menos de un año y el engaño fue descubierto a finales de 2025, cuando las oficinas vinculadas al empresario fueron desalojadas y dejaron de responder llamadas y mensajes.

El exdiputado indicó que el monto perdido por su familia asciende a cerca de 2 millones de dólares, equivalentes a alrededor de 40 millones de pesos, recursos que provenían en parte de una herencia familiar.

“Usaron el prestigio familiar y profesional para generar confianza. Su hermano fue directivo de Heineken y Oxxo, su padre estuvo ligado a Cervecería Cuauhtémoc y él presumía su experiencia en Pemex”, sostuvo.

Además, aseguró que existen al menos cinco familias afectadas, con un daño patrimonial estimado en más de 100 millones de pesos.

El abogado Pedro Moreno Robles informó que la denuncia formal fue presentada el pasado lunes ante una unidad de investigación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y esperan que la próxima semana pueda judicializarse el caso.

“Estamos esperando indicaciones del Ministerio Público para buscar la imputación de esta persona ante un juez de control”, señaló el litigante.

De acuerdo con la defensa, Montemayor habría operado mediante empresas legalmente constituidas, aunque presuntamente utilizadas para defraudar inversionistas.

Vinculan a proceso y dan prisión preventiva a 3 implicados en fraude de Tamayo Capital

El propietario de la firma de inversión inmobiliaria Tamayo Capital, Alejandro “N”, y otras dos personas implicadas en el presunto fraude relacionado con esta empresa, fueron vinculados a proceso, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

La autoridad detalló que, además de Alejandro “N”, también fueron vinculados Mario “N”, de 29 años, y Dimarys “N”, de 35, quienes enfrentan acusaciones por el delito de fraude en perjuicio de inversionistas que realizaron depósitos de distintos montos.

De acuerdo con la Fiscalía, la audiencia para definir la situación jurídica de los acusados se reanudó entre el 20 y 21 de mayo, luego de haber sido diferida desde el pasado 16 de mayo a petición de la defensa, solicitud que fue autorizada por un Juez de Control.

Durante la diligencia, un agente del Ministerio Público formuló imputación por hechos con características compatibles con el delito de fraude, contemplado en el Código Penal de Nuevo León. Tras analizar los datos de prueba presentados, el juez consideró acreditada la probable participación de los tres imputados y dictó auto de vinculación a proceso.

Además, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanecerán internados en centros de reinserción social estatales mientras avanza el proceso judicial. Asimismo, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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