Monterrey.- La Contraloría del Estado, encabezada por María Teresa Herrera Tello, puso en marcha el programa Declaramóvil 2026, dando inicio formal al proceso de Declaración Patrimonial y de Intereses en su modalidad de modificación.
Durante el mes de mayo, todos los servidores públicos de la entidad están obligados por ley a actualizar su información financiera y de posibles conflictos de interés.
La contralora estatal señaló que este ejercicio no representa únicamente un trámite administrativo, sino una herramienta de control diseñada para vigilar la congruencia entre el ejercicio del cargo y la evolución del patrimonio de los funcionarios.
El objetivo principal es prevenir irregularidades, inhibir el abuso de poder y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.
Implementación de "DeclaraBOT"
Como parte de la modernización tecnológica de la dependencia, se presentó DeclaraBOT, una herramienta de asistencia de nueva generación diseñada para facilitar el cumplimiento de la obligación legal. Las funciones principales de este sistema incluyen:
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Disponibilidad total: Resolución de dudas las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Asesoría técnica: Orientación inmediata y sencilla durante el proceso de llenado de los formularios digitales.
Gestión de citas: Capacidad para agendar sesiones digitales con personal especializado de la Contraloría en caso de requerir atención personalizada.
Metas y antecedentes de cumplimiento
El programa Declaramóvil busca mantener o superar los indicadores de cumplimiento registrados anteriormente. Herrera Tello informó que, gracias a las jornadas de capacitación, se ha logrado instruir a más de 16 mil 100 servidores públicos.
Asimismo, destacó que durante el ejercicio 2025 se alcanzó un promedio de cumplimiento del 98.5% por dependencia.
Consecuencias legales
La Contraloría enfatizó que el incumplimiento de esta obligación conlleva sanciones administrativas que pueden escalar según la gravedad de la omisión. Estas medidas incluyen desde amonestaciones hasta la destitución del cargo e inhabilitación para ejercer funciones públicas.
Con la puesta en operación de estos nuevos canales y herramientas de acompañamiento, la institución busca eliminar barreras técnicas y asegurar que la totalidad de los funcionarios estatales cumplan en tiempo y forma con la transparencia exigida por la legislación vigente en Nuevo León.