Monterrey.- La Ley para regular preventas que hace tres meses puso en marcha el Congreso local para combatir los fraudes inmobiliarios aún tiene huecos que ponen en riesgo el patrimonio de las familias regias.
León Acosta, director del Corporativo Legal Sociedad de Abogados y Asesores Tributarios (SAAT) señaló que el incumplimiento de entregas y la falta de construcción del inmueble aún son una posibilidad, pues aunque la nueva ley establece que exista un contrato, no se especifican las cláusulas para evitar los fraudes.
“Faltan dos puntos que cubrir: primero, la relación entre el desarrollador y las autoridades, porque sí se necesita obligar a las autoridades a tener cierta celeridad cuando se cumplen todos los requisitos.
“Y hace falta que se generen instrumentos financieros que permitan garantizar la devolución del dinero que las desarrolladoras reciben en preventa. Porque no va a haber desarrolladora que tenga suficiente capital de reserva para de pronto tener que responder a una revocación masiva”, resaltó el especialista.
La reforma aprobada el 17 de marzo fue una iniciativa de la bancada local del PAN, y establece que la desarrolladora debe de contar con los permisos vigentes de construcción y en caso de incumplimientos se debe de reembolsar lo invertido a los clientes, sumando un interés anual del 9 por ciento.
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“Sigue habiendo riesgos, porque la falta de cultura contractual adecuada sí puede hacer firmar a los inversionistas contratos que traigan cláusulas suspensivas o dilatorias que al final de cuentas imposibiliten recuperar lo que hayan invertido.
“Además, si un inversionista firma algo que no entendió al 100 por ciento y llega a ir ante un juez, pues el juez va a tener que aplicar lo que está en el contrato, aunque el inversionista no lo haya entendido del todo”, explicó Acosta.
Sin embargo, todos estos derechos pueden llegar a perderse ante un contrato mal revisado. “En los contratos privados, muchas veces es más importante lo que no se dice que lo que sí se dice”, agregó el experto.
En el mismo sentido, Edgar Luna, especialista en economía e inversiones, coincidió en que sí se necesita hacer estos ajustes, además de que se mejore el sistema judicial, ya que no sirve de nada una reforma, si las autoridades que se encargan de revisar las denuncias no pueden avanzar en la práctica.
“Si bien la ley ayuda, al final la responsabilidad de que se cumpla recae sobre el sistema judicial, el cual considero que requiere de mayor capacidad para poder resolver los casos de manera rápida y expedita.
“Las leyes siempre se pueden mejorar, lo importante es ver cómo se resuelven en caso de que ocurra, porque siempre existen maneras en las cuales se puede sacarle la vuelta”, agregó el economista.
Ante esta puerta abierta a los fraudes inmobiliarios, la principal herramienta para los inversionistas es asesorarse legalmente con un abogado de confianza y evitar a los asesores que ofrecen la misma inmobiliaria, advirtieron los especialistas.
En Nuevo León, los fraudes inmobiliarios fueron en ascenso durante los últimos años, pues hubo proyectos en los que clientes invirtieron millones de pesos y nunca fueron entregados, e incluso algunos ni siquiera comenzaron su construcción, por lo que afectados mantienen protestas para reclamar el regreso de sus inversiones.