Monterrey.- La reciente reforma al Código Civil de Nuevo León en materia de preventas inmobiliarias representa un avance relevante para fortalecer la seguridad jurídica de quienes invierten en proyectos en desarrollo, al reducir riesgos que, durante años, dejaron en estado de vulnerabilidad a compradores e inversionistas, aseguró León Acosta, director de Asuntos Jurídicos de AMPI Monterrey.
El especialista explicó que, aunque la reforma todavía es perfectible, su alcance es suficiente para corregir prácticas que permitían la captación de recursos sin reglas claras, particularmente a través de las llamadas ofertas de compra, utilizadas por desarrolladores sin un marco legal específico.
“Creemos que es un avance importante porque disminuye de manera significativa el riesgo para quienes aportan su dinero a un proyecto, al darles mayor seguridad jurídica”, señaló.
Acosta precisó que uno de los principales impactos de la reforma será la profesionalización de los asesores inmobiliarios, al obligarlos a distinguir con claridad figuras como la oferta de compra, la promesa de compraventa, la preventa y la compraventa formal. Advirtió que la confusión de estos conceptos ha derivado en numerosos conflictos legales, incluso en proyectos que acumulan cientos de demandas civiles por incumplimientos.
“Si el asesor no sabe explicar bien qué está firmando el inversionista, es muy fácil que este crea que está comprando algo cuando, en realidad, solo está haciendo una oferta”, apuntó.
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Contrario a la percepción de que las nuevas reglas podrían frenar la actividad inmobiliaria, el representante de AMPI Monterrey sostuvo que la exigencia de contar con licencia de construcción vigente antes de iniciar una preventa no retrasará los proyectos, sino que los hará más eficientes y ordenados.
“Lo idóneo siempre ha sido que cualquier desarrollo cuente con todas sus autorizaciones; esta reforma simplemente alinea la práctica con lo que debería ser la norma”, explicó.
Uno de los cambios más relevantes, destacó, es la modificación al equilibrio de poder entre desarrolladores e inversionistas, al establecer que el simple hecho de recibir dinero implica la aceptación automática de la oferta.
“Antes, el desarrollador podía rechazar la oferta incluso después de años, cuando el inversionista ya tenía su dinero detenido. Ahora, en el momento en que recibe recursos, la oferta se considera aceptada, lo que nivela la relación y genera obligaciones inmediatas”, afirmó.
Sobre el incremento en la exposición legal para desarrolladores y comercializadores, Acosta consideró que se trata de un ajuste justo.
"Sí se incrementa sustancialmente, pero es un incremento necesario para evitar abusos y dar certeza a quienes ponen su patrimonio en estos proyectos”, dijo.
De cara a la entrada en vigor de la reforma, el próximo 16 de marzo, el director jurídico de AMPI Monterrey recomendó a los interesados en adquirir inmuebles en preventa asesorarse con profesionales certificados.
Finalmente, invitó a los ciudadanos a acercarse a AMPI, donde pueden ser canalizados con asesores inmobiliarios certificados y con experiencia.
“En AMPI hay profesionales muy capacitados; lo importante es cerciorarse de que quien los asesore tenga el conocimiento necesario para proteger su inversión”, concluyó.