Monterrey.- El estado se mantiene en el cuarto lugar de la estadística nacional tras registrar 4,665 expedientes en un periodo de 77 meses.
Nuevo León acumula 4,665 carpetas de investigación por el delito de extorsión, una cifra que lo posiciona entre las entidades con mayor incidencia delictiva en el país.
El registro oficial, que abarca desde enero de 2020 hasta el cierre de mayo de 2026, expone la dimensión de un problema penal que afecta a comercios establecidos, cadenas de transporte de carga, mujeres y ciudadanos en sus actividades ordinarias.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) detallan la regularidad de este delito en la entidad, que ocupó la tercera posición nacional en 2021 y 2022, y descendió al cuarto lugar a partir de 2023, donde permanece en términos absolutos.
La presión delictiva se concentró durante el último bimestre reportado por la federación, cuando las agencias del Ministerio Público abrieron 117 expedientes en abril y 124 casos en mayo de 2026.
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Esta acumulación estadística genera posturas distantes entre la autoridad ministerial y los sectores afectados.
“El incremento en las carpetas de investigación obedece a un aumento en la cultura de denuncia y la confianza de las víctimas para reportar ante el Ministerio Público”, señaló semanas atrás Pedro Arce Jardón, encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.
En contraste, las organizaciones comerciales e industriales manifestaron su desgaste ante la frecuencia de estas conductas. Un análisis de la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), elaborado con datos oficiales, estima que el 61% de la extorsión estatal ocurre en cuatro municipios metropolitanos: Monterrey, Guadalupe, San Pedro Garza García y Apodaca.
Esta concentración sitúa el riesgo en los polos de mayor densidad de población y flujo de capital de la región.
Postura industrial
Ante el panorama delictivo que se vive, la cúpula industrial del estado planteó el problema ante autoridades federales durante la última visita de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“El 54% de los industriales en el estado han sido víctimas de extorsiones... en el transporte de mercancías, donde 9 de cada 10 fueron casos que involucraron a autoridades municipales”, expuso en marzo Jorge Santos Reyna, presidente de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) de Nuevo León.
El fenómeno delictivo afecta de igual forma a las rutas conectivas del noreste del país y a sectores vulnerables específicos. Los indicadores institucionales del SESNSP sitúan a la entidad en el tercer lugar nacional en la incidencia de extorsiones cometidas en contra de mujeres.
A la par, los operadores del transporte de carga mantienen denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por extorsiones en tramos de carreteras estatales, una situación que ha detonado protestas y bloqueos como medidas de exigencia.