Santa Catarina.- El gobierno de Santa Catarina informó que dos camiones de carga asegurados desde el pasado 10 de junio permanecerán bajo resguardo, al formar parte de una investigación por presuntos delitos ambientales relacionados con el depósito ilegal de tierra y escombro en un predio del Parque Industrial FINSA.
La postura del municipio surgió luego de que este lunes un grupo de transportistas bloqueó la carretera Monterrey-Saltillo y la avenida Manuel Ordóñez para exigir la devolución de diversas unidades que, aseguran, permanecen retenidas desde hace más de un mes y representan el sustento económico de al menos 20 familias.
De acuerdo con la administración municipal, inspectores de Desarrollo Urbano detectaron que los dos camiones realizaron más de 220 descargas de tierra y escombro en un terreno ubicado dentro del Parque Industrial FINSA sin contar con los permisos correspondientes.
Las autoridades señalaron que las maniobras fueron documentadas mediante fotografías, videos y sobrevuelos con drones, evidencias que, aseguran, muestran el impacto ocasionado al predio y los daños provocados a infraestructura municipal, entre ellos cordones de concreto ubicados en vialidades laterales.
El municipio explicó que, además de iniciar procedimientos administrativos para exigir la reparación del daño y aplicar las sanciones correspondientes, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que las unidades quedaron sujetas a una investigación federal.
Te podría interesar
Precisó que el área jurídica municipal entregó las pruebas recabadas a la autoridad ministerial y será la FGR la encargada de determinar el curso del procedimiento, motivo por el cual los vehículos no han sido liberados.
Horas antes de que el municipio fijara su postura, decenas de transportistas realizaron una protesta que paralizó la circulación en la carretera Monterrey-Saltillo en dirección oriente durante gran parte del día.
Los inconformes sostuvieron que ya cubrieron las multas que les fueron impuestas y que también promovieron amparos y otros recursos legales para recuperar sus unidades, sin obtener respuesta favorable por parte del municipio.
También acusaron presuntos abusos de autoridad durante los aseguramientos y señalaron que algunos operadores habrían recibido solicitudes de dinero para evitar que sus camiones fueran retirados al corralón.
Los transportistas insistieron en que las unidades retenidas constituyen su principal fuente de ingresos y aseguraron que más de 20 familias son afectadas económicamente por la falta de los vehículos.
El gobierno de Santa Catarina sostuvo que las unidades continuarán bajo resguardo hasta que concluyan las investigaciones derivadas de la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República por las presuntas descargas ilegales de tierra y escombro en el Parque Industrial FINSA.