Monterrey.- La diputada local por Monterrey, Lorena de la Garza, hizo un llamado público al Poder Ejecutivo del Estado tras revelar que la administración central mantiene pasivos acumulados que superan los 5 mil 500 millones de pesos con diversas corporaciones privadas, contratistas e instituciones del sector público.
De acuerdo con la información expuesta por la legisladora, estos retrasos financieros impactan de manera directa la liquidez de las pequeñas y medianas empresas (pymes), proveedores locales, constructoras asociadas a la obra pública, así como a organismos autónomos y centros sanitarios de la entidad.
De la Garza señaló que mientras se posterga el cumplimiento de estas obligaciones fiscales y comerciales, la gestión estatal ha continuado reorientando flujos de capital hacia campañas de promoción institucional, difusión de imagen corporativa y la planeación de eventos relacionados con la Copa del Mundo de la FIFA.
El desglose financiero presentado detalla la distribución de los adeudos reclamados por la congresista. Dentro de los rubros principales figuran más de 2 mil millones de pesos correspondientes a proveedores generales y un remanente superior a los mil 500 millones de pesos asignado a diversos organismos y entidades paraestatales.
Asimismo, el saldo insoluto contempla cerca de 900 millones de pesos derivados del arrendamiento de unidades de transporte público, 600 millones orientados a empresas contratistas del rubro de la construcción, y una afectación de 200 millones de pesos que recae sobre micro, pequeñas y medianas empresas de la región.
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En el ámbito de la salud y el bienestar social, los retrasos denunciados ascienden a 250 millones de pesos destinados originalmente a programas de atención médica, complementados por 60 millones de pesos correspondientes a servicios prestados por el Hospital Universitario y un déficit de 20 millones de pesos en la adquisición y suministro de medicamentos esenciales.
Finalmente, la diputada advirtió sobre las repercusiones operativas de esta falta de pago, indicando que el cese de flujo de efectivo ha forzado el cierre definitivo de algunas unidades económicas locales y ha comprometido la viabilidad de proyectos de infraestructura pública en desarrollo.
De la Garza concluyó exhortando al Ejecutivo del Estado a reestructurar las prioridades de gasto corriente, enfocando los recursos disponibles en solventar las deficiencias del suministro de agua potable, los cortes de energía eléctrica y el saneamiento de las deudas operacionales prioritarias antes de sufragar erogaciones asociadas al entretenimiento o la proyección turística exterior.