Monterrey. - El presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad del Congreso de Nuevo León, Javier Caballero Gaona, presentó un exhorto dirigido a la Fiscalía General de Justicia del Estado para que fortalezca la protección a las víctimas de extorsión y haga más claros, estrictos y transparentes los criterios de oportunidad que pueden aplicarse a personas imputadas por este delito.
El legislador entregó el documento en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo y explicó que la iniciativa responde a inquietudes expresadas por ciudadanos y víctimas respecto al uso de este mecanismo procesal en casos de alto impacto. Precisó que el exhorto no pretende intervenir en procedimientos judiciales en curso ni influir en las decisiones de la Fiscalía o del Poder Judicial.
Caballero Gaona señaló que el objetivo es garantizar que, cuando se apliquen criterios de oportunidad, estos contribuyan al esclarecimiento de delitos y a la desarticulación de estructuras criminales de mayor nivel, sin afectar los derechos de las víctimas ni generar percepciones de impunidad.
“Lo que buscamos es fortalecer los criterios de oportunidad para que sean claros, específicos y transparentes, pero sobre todo que garanticen un proceso justo para las víctimas y que, en caso de aplicarse, realmente sirvan para desarticular estructuras criminales de mayor nivel y no generen impunidad”, señaló.
El diputado afirmó que, además de las personas que han presentado denuncias formales por extorsión, existen otras que no lo hacen por temor, por lo que consideró necesario fortalecer las garantías para quienes son afectados por este delito.
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Asimismo, recordó que, tras recientes reformas federales, la extorsión fue reclasificada como un delito del ámbito federal y de mayor gravedad, por lo que cualquier modificación al marco legal corresponde al Congreso de la Unión. No obstante, sostuvo que las autoridades estatales pueden adoptar medidas administrativas e institucionales para brindar mayor certeza en la aplicación de los criterios de oportunidad.
Caballero Gaona explicó que este mecanismo jurídico tiene como finalidad que personas con una participación de menor responsabilidad aporten información relevante para investigar y perseguir a responsables de delitos de mayor gravedad. En ese sentido, planteó que su aplicación en casos de extorsión debe sujetarse a criterios objetivos, claros y transparentes.
“Si dos personas enfrentan la misma imputación por extorsión, resulta indispensable revisar con estricto apego a derecho si realmente se actualizan los supuestos para conceder un criterio de oportunidad. Por eso pedimos reglas claras, objetivas y transparentes”, afirmó.
Finalmente, señaló que cualquier resolución relacionada con estos mecanismos debe considerar el impacto que tiene en las víctimas y garantizar la protección de sus derechos durante todo el proceso judicial.
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