Monterrey.- Vecinos de la colonia Jardines de Santa Clara, en Guadalupe, mantienen la incertidumbre sobre la posibilidad de conservar sus viviendas, luego de que un grupo de afectados no obtuviera la suspensión definitiva contra los desalojos de los que fueron notificados en mayo pasado.
Este martes, alrededor de 20 vecinos que promovieron un amparo acudieron a la explanada del Poder Judicial de la Federación para manifestarse y solicitar que se detengan los procedimientos mientras continúan defendiendo legalmente la propiedad de sus domicilios.
Durante aproximadamente 40 minutos, las personas permanecieron frente al acceso de los juzgados federales, ubicados en las avenidas Constitución y Cuauhtémoc, con lonas y pancartas y gritando consignas contra la jueza de distrito, Laura Gabriela Serrano.
Adriana Guajardo, vocera, fue recibida junto a otro vecino por la jueza del Poder Judicial para celebrar un encuentro de diálogo.
“Ha sido mucha incertidumbre, preocupación y angustia. Hemos estado viviendo más desalojos en donde despojan a la gente de su vivienda, de sus cosas porque las llevan a una bodega que después tienen que pagar y comprobar con factura para recogerlas”, expresó para ABC Noticias.
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Guajardo informó que hasta el momento se han realizado seis desalojos desde que comenzaron a llegar las notificaciones, hace menos de tres meses.
Tras ser atendidos por una hora y 20 minutos, a los quejosos se les recomendó continuar con el recurso de revisión para combatir el fallo en su contra, pues presuntamente, la sentencia definitiva se les negó por falta de documentos en el expediente.
Uno de los procedimientos más recientes ocurrió el viernes en un domicilio ubicado en la calle Santa Isabel número 201, donde una familia de adultos fue retirada de la vivienda, de acuerdo con vecinos de la colonia.
Los habitantes sostienen que la disputa por sus casas se originó en una adjudicación que consideran irregular de escrituras, relacionada con terrenos que fueron entregados a las familias hace más de 30 años.
Los vecinos señalan a Aníbal Elizondo Chapa, a quien acusan de haberse adjudicado de manera irregular diversos terrenos durante las décadas de 1980 y 1990 y posteriormente haberlos hipotecado.