Ciudad de México.- La resolución de la situación legal de Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), fue aplazada para el próximo domingo 30 de abril, esto debido a que la defensa del funcionario se apegó al plazo constitucional de 144 horas para que se defina la existencia de pruebas suficientes en su contra por la muerte de las 40 personas migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Lo anterior se concluyó luego de una audiencia que duró más de seis horas, en la cual la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la suspensión temporal de Francisco Garduño a su cargo frente al INM (Instituto Nacional de Migración), argumentando que con su permanencia seguía vulnerando a las víctimas, pese a ello, el juez Víctor Hernández no lo aprobó y, en su lugar, estableció que Garduño se presentara en la FGR a firmar cada 15 días, esto como una medida cautelar.
Por su parte los agentes del Ministerio Público de la Federación también pidieron que se le prohibiera salir del país, a lo cual la defensa de Garduño argumentó que de querer huir, su cliente ya lo habría hecho y aseguraron que estará presente cada que el juez lo necesite.
A su vez, el juez indicó que las solicitudes por parte del Ministerio Público Federal eran incongruentes, pues no se le podía suspender de su cargo debido a que los delitos que se le adjudican son de la modalidad de omisión y no de homicidio o lesiones.
Vinculan a proceso al director general del INM
En tanto a Antonio Molina, director general de control y verificación migratoria del INM, fue vinculado a proceso e imputado con el delito de ejercicio ilícito del servicio público ante la muerte de las personas migrantes en la estación migratoria de Ciudad Juárez.
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La celebración de esta audiencia de vinculación se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, donde un juez definió como plazo tres meses para el cierre de la investigación correspondiente.
Antonio Molina fue acusado por el Ministerio Público de la Federación por los delitos de omisión y por no garantizar las condiciones óptimas de seguridad en la estación migratoria de Ciudad Juárez y debido a ello propiciar la muerte de las 40 personas migrantes y causar que 25 personas más resultaran heridas.