Marilyn Cote va a prisión preventiva por usurpación de profesión

Se le dictó prisión preventiva y se estableció un plazo de dos meses para llevar a cabo la investigación complementaria.

Vinculan a proceso a Marylin Cote.
Vinculan a proceso a Marylin Cote.Créditos: X / @FGEPUEBLA
Escrito en NACIONAL el

Puebla.- Marilyn Cote fue vinculada a proceso tras ser señalada como presunta responsable del delito de usurpación de profesión.

Durante la audiencia, se le dictó prisión preventiva justificada y se estableció un plazo de dos meses para llevar a cabo la investigación complementaria.

La detención de Cote ocurrió luego de que se presentaran denuncias en su contra por desempeñar actividades profesionales sin contar con la acreditación correspondiente.

Según las autoridades, se le acusó de ejercer funciones propias de una profesión para la cual no estaba legalmente capacitada, lo que derivó en su aprehensión y posterior puesta a disposición judicial.

El caso ha generado atención debido a las implicaciones legales y éticas de la usurpación de profesión, un delito que afecta tanto a quienes requieren servicios especializados como a los profesionales que cumplen con las normativas.

Durante el periodo de investigación complementaria, se buscará esclarecer los hechos y determinar si existen más elementos que sustenten las acusaciones en su contra.

Por el momento, Cote permanecerá bajo prisión preventiva justificada mientras continúan las indagatorias.

Marilyn Cote, la supuesta psiquiatra de Puebla

Marilyn Cote es una mujer que se volvió controversial en su comunidad debido a su presunta participación en el delito de usurpación de profesión.

Durante un tiempo, ofreció servicios en una área profesional sin contar con la formación ni las credenciales legales que la habilitaran para ejercer.

Su caso atrajo la atención por la gravedad de la acusación, ya que, al parecer, engañó a muchas personas al presentarse como una experta en una disciplina específica, generando desconfianza y afectando la reputación de profesionales que sí cumplían con los requisitos establecidos por la ley.

Lo que hizo que su caso fuera aún más polémico fue que sus actividades no solo fueron denunciadas por los afectados, sino que también evidenció un vacío en la supervisión de ciertas profesiones.

Esto desató un debate público sobre la necesidad de reforzar las normativas y controles para evitar que situaciones similares se repitan.