Ciudad de México.- Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Federación (SCJN), emitió su postura a favor de la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante su intervención en los Diálogos Nacionales sobre la reforma al Poder Judicial, Batres aseguró que, la reforma llegará a democratizar al Poder Judicial, el cual sostuvo mantiene “sus puertas están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México”.
Dijo también que, hasta hoy, el sistema de justicia en México ha fracasado, por lo que es necesario una reforma que abra al Poder Judicial al público, garantice la rendición de cuentas y se cumpla el límite a los salarios que perciben los funcionarios públicos.
“¿Es este el Poder Judicial que necesita el pueblo mexicano? No. Cualquier reforma que se apruebe tiene que servir para que cumpla su única misión: garantizar justicia. Hasta hoy ha fracasado en esa labor”, dijo.
Aunado a lo propuesto por la reforma al Poder Judicial que implica que los jueces, ministros y magistrados sean elegidos por voto popular, Lenia Batres propuso revisar “quién tiene la última palabra en la interpretación constitucional. Creo que debe ser compartida por los poderes de la Unión, para eliminar la indebida supremacía judicial que existe de facto”.
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En medio de su discurso, Lenia Batres expuso las expectativas que el grueso de los mexicanos tienen respecto a quienes son los encargados de impartir justicia en el país, y aseveró que quienes tienen el poder de realizar esta actividad no son los dueños del Poder Judicial, pues quien manda es el pueblo de México.
“La sociedad mexicana demanda que las personas juzgadoras respondan a los intereses públicos y sociales; sean confiables; rindan cuentas y actúen con transparencia, honradez, racionalidad y decencia en el uso del gasto público, con sensibilidad y conciencia social, con solidaridad hacia el que sufre, con humildad y vocación de servicio. Las y los impartidores de justicia no somos dueños del Poder Judicial. Su único propietario es el pueblo mexicano, que tiene en todo momento el inalienable derecho de modificarlo, como parte de su forma de gobierno”, expuso.