Ciudad de México.- El 25 de noviembre de 2019, justo cuando miles de mujeres se manifestaban por el Día contra la Violencia de Género, ocurrió un caso que conmocionó al país: el asesinato a balazos de la regiomontana Abril Pérez Sagaón en la CDMX.
Ayer se cumplieron seis años del hecho y, aunque ha habido detenciones y sentencias de algunas personas involucradas, aún está pendiente la detención del exesposo de la víctima, Juan Carlos García Sánchez, señalado como el principal sospechoso de ordenar el crimen.
El caso causó gran indignación en México y a nivel internacional debido a que en enero de 2019, su exesposo, exdirector de Amazon México, la golpeó con un bate e intentó matarla, tras lo cual recibió prisión preventiva.
No obstante, fue liberado en septiembre de ese año luego de que un juez reclasificó el delito de feminicidio en grado de tentativa a “lesiones y violencia familiar”.
Aunque nueve personas fueron detenidas por su asesinato, solamente tres personas han sido sentenciadas, entre ellos, dos de los autores materiales: Juan Carlos Rodríguez y Rodolfo Daniel Banderas Sandoval, quienes ya cumplen una condena de 52 años de prisión.
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La familia de Abril, colectivos feministas y la sociedad mexicana aún exigen justicia plena, recordando que su memoria y la protección de todas las mujeres no deben ser olvidadas.
En otros hechos, México impulsa plan para homologar leyes contra la violencia hacia las mujeres
El pasado 25 de noviembre, el Gobierno de México anunció un plan coordinado con los 32 estados para homologar la definición y sanción del delito de abuso sexual, siguiendo la reciente reforma al Código Penal Federal.
Este avance es central en la estrategia para combatir la violencia contra las mujeres, impulsado tras el reciente caso de acoso sufrido por la presidenta, Claudia Sheinbaum.
La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, explicó que la reforma busca establecer criterios comunes para prevenir, denunciar y sancionar las agresiones, con el objetivo de que "las mujeres se sientan más seguras".
La reforma federal redefine el abuso sexual como cualquier acto sin consentimiento, incluidos tocamientos o roces, estableciendo penas de tres a siete años de prisión, multas y la obligación de que los agresores tomen talleres reeducativos.
Además del esfuerzo legislativo, el Gobierno anunció un programa nacional de capacitación para fiscalías y tribunales para mejorar la procuración de justicia. También se fortalecerán los protocolos contra el abuso sexual en el transporte público.
Autoridades subrayaron la urgencia de estas acciones, dado que el 70.1% de las mexicanas ha sufrido algún tipo de violencia, e insistieron en que la homologación legal será un pilar para una respuesta eficaz y uniforme.