Ciudad de México.- Ganaderos mexicanos advirtieron ayer que las medidas adoptadas por el Gobierno, tras la declaratoria de emergencia nacional por la plaga del gusano barrenador, han generado una “sobrerregulación sin precedentes”, que ya afecta de manera crítica a la cadena de suministro de carne en México, con impactos en costos, logística, bienestar animal y precios al consumidor.
En un comunicado, la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino (AMEG) reconoció la gravedad de la plaga y reiteró su compromiso con la sanidad animal.
Por ello, denunció que la multiplicación de retenes federales y estatales, así como nuevos requisitos derivados de la emergencia, han producido un escenario de sobrecontrol que está paralizando el flujo habitual de ganado.
Según la AMEG, el ganado que es llevado desde estados del sur hacia los centros de engorda del norte enfrenta actualmente incrementos sustanciales en los tiempos de traslado, que han pasado de 20 a 32 horas, además de esperas superiores a 18 horas en puntos de inspección para cumplir los tiempos posteriores a la aplicación obligatoria de antiparasitarios.
Esto se suma a retenes estatales adicionales que duplican las inspecciones federales. La asociación aseguró que estos retrasos y procedimientos repetidos provocan múltiples maniobras de carga y descarga, lo que afecta el bienestar animal y eleva el riesgo de heridas susceptibles de convertirse en focos de infestación.
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En otros hechos, robo de ganado en el norte de Nuevo León cae 50%
El pasado 13 de octubre, el robo de ganado en la zona norte de Nuevo León ha disminuido un 50 por ciento, según informó Noel Ramírez, presidente de la Unión Ganadera Regional del Estado (UGRNL). Ramírez atribuyó esta reducción al reforzamiento de las medidas de seguridad implementadas por el gobierno estatal.
Ramírez detalló que hace mes y medio se habían registrado cerca de 600 cabezas de ganado robadas en municipios como China, Los Ramones, Doctor Coss y General Bravo.
Aunque reconoció la efectividad de las acciones, hizo un llamado al gobernador Samuel García para mantener y fortalecer las estrategias actuales, advirtiendo que la ganadería es crucial para la producción de carne.
En el Congreso local, la bancada de Movimiento Ciudadano propuso previamente endurecer las sanciones por el delito de abigeato mediante una reforma al Código Penal.
La iniciativa contempla aumentar las penas de cuatro a 10 años de prisión y busca proteger la trazabilidad del ganado, castigando la alteración de documentos oficiales y la manipulación de la identidad del animal para su comercialización ilegal.