En un movimiento que busca frenar una crisis de reputación, el Senado de la República oficializó este 16 de febrero el cierre definitivo del salón de belleza ubicado en sus instalaciones. La decisión, anunciada por Ignacio Mier Velasco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), surge como respuesta a la controversia nacional desatada por el uso de servicios privados dentro de un recinto legislativo.
De "nota" a asunto nacional
Lo que comenzó como una serie de fotografías virales de una senadora recibiendo servicios de estilismo durante una sesión oficial, escaló rápidamente a un debate sobre los privilegios de la clase política. "Queda cerrado en definitivo. Ahora sí", sentenció Mier, subrayando que el Senado debe priorizar las cuestiones legislativas de fondo sobre polémicas accesorias que afectan la percepción de austeridad.
Transparencia y costos: Los datos del local
Para aclarar los señalamientos sobre presunto uso de recursos públicos, el coordinador de Morena precisó los siguientes puntos:
Sin sueldo público: La estilista no formaba parte de la nómina del Senado; sus ingresos provenían directamente de las usuarias.
Costos del servicio: Las senadoras pagaban de su bolsillo tarifas que oscilaban entre los 100 y 500 pesos.
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Mobiliario básico: El equipo del salón (un sillón, un lavacabezas y un espejo) tiene un valor de 37 mil pesos y ha sido devuelto al almacén de la Cámara.
Uso limitado: El servicio solo operaba dos días a la semana.
Revisión integral de servicios
Aunque el salón ya había sido clausurado en 2018 por razones similares y reabierto recientemente, esta vez el cierre parece ser el primer paso de una auditoría profunda. Mier adelantó que se revisarán todos los espacios cedidos o arrendados en el Senado para garantizar que no existan irregularidades y que toda la información sobre contratos sea pública en las plataformas de transparencia.
Con esta medida, la Cámara Alta busca cerrar un capítulo de críticas por supuestos privilegios y reafirmar su compromiso con el uso eficiente de los recursos institucionales en un año clave para la agenda legislativa.