Sinaloa.- Tras la reciente difusión de las acusaciones formales presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rompió el silencio ante los medios de comunicación.
El mandatario estatal aseguró mantenerse "tranquilo" y enfocado en sus labores de gestión, minimizando el impacto legal de los señalamientos en su contra.
“Estamos tranquilos, trabajando para Sinaloa. No va a pasar nada”, declaró el gobernador, quien además reveló haber mantenido una conversación directa con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Según Rocha Moya, el Ejecutivo Federal le ha manifestado su respaldo frente a las imputaciones que lo vinculan con presuntas actividades de protección al Cártel de Sinaloa.
Desconocimiento de trámites legales
Durante el encuentro con la prensa, el gobernador sostuvo no haber recibido una notificación oficial sobre los procedimientos internacionales en su contra.
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Rocha Moya afirmó que fue a través de reportes periodísticos como tuvo conocimiento de la solicitud de extradición gestionada ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Sin embargo, esta postura de "desconocimiento" se dio de forma paralela al anuncio de la Cancillería mexicana, la cual confirmó que el expediente ya fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR) bajo los términos de la Ley de Extradición Internacional.
Asimismo, el mandatario negó tener información sobre la cancelación de su visado estadounidense, reiterando que no ha recibido cédula de notificación por parte de las autoridades binacionales.
"No tenía conocimiento... no me encuentro notificado", puntualizó, pese a que la SRE ya formalizó el avance del proceso judicial que busca presentarlo ante una corte de Estados Unidos por cargos de narcotráfico y soborno.
Embajada de EU en México se posiciona ante cargos por narcotráfico de Rubén Rocha Moya
La Embajada de Estados Unidos en México, a través del embajador Ronald D. Johnson, respaldó las acusaciones de narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses.
El comunicado enfatiza que combatir la corrupción transnacional es una prioridad bilateral para defender el estado de derecho.
La lista de implicados incluye al senador Enrique Inzunza, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y a diversos mandos de seguridad vinculados al Cártel de Sinaloa.
De ser hallados culpables bajo la jurisdicción estadounidense, los acusados enfrentarían sentencias que oscilan entre 40 años de prisión y cadena perpetua.