Ciudad de México.- Tras la difusión de acusaciones formales por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, se registró una reunión de emergencia en Palacio Nacional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Las imputaciones estadounidenses señalan una presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa, imputando delitos de narcotráfico y uso de armas de fuego. Según el informe del país vecino, los implicados habrían facilitado el tráfico de drogas sintéticas y brindado protección institucional a la organización criminal a cambio de sobornos millonarios.
Tras conocerse el reporte, diversos funcionarios de alto perfil acudieron a la sede del Ejecutivo Federal para sostener un encuentro privado. Entre los asistentes confirmados destacan:
- Rosa Icela Rodríguez: Secretaria de Gobernación.
- Roberto Velasco: Canciller mexicano.
- José Manuel Albares: Ministro de Asuntos Exteriores de España (cuya presencia coincide con la agenda diplomática en la capital).
Pese a la expectativa de los medios de comunicación presentes en los accesos de Palacio Nacional, los funcionarios se retiraron sin emitir declaraciones.
Impacto diplomático y legal
Hasta el momento, el Gobierno Federal no ha emitido un comunicado oficial que confirme si el objetivo único de la reunión fue analizar las implicaciones legales y diplomáticas de los señalamientos contra el mandatario sinaloense.
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La gravedad de las acusaciones, que sugieren que la organización criminal operó con impunidad bajo la protección de funcionarios estatales, coloca a la administración de Sheinbaum ante un complejo escenario de cooperación internacional y justicia interna.
SRE turna a la FGR solicitud de extradición de Rubén Rocha Moya
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) turnó a la FGR la solicitud de extradición de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, tras las acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos.
Aunque el proceso legal inició, la Cancillería advirtió que los documentos enviados por la Embajada estadounidense carecen de pruebas que acrediten la responsabilidad del mandatario.
Será la Fiscalía quien determine la viabilidad de la detención con fines de extradición según el sistema jurídico mexicano. Asimismo, la SRE enviará un extrañamiento a Estados Unidos por vulnerar los protocolos de confidencialidad al difundir la noticia antes que las autoridades nacionales.