Ciudad de México.- La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, advirtió al Congreso de la Unión que el organismo civil no posee el carácter de autoridad ministerial ni judicial para investigar o determinar si un aspirante a cargo de elección popular tiene presuntos nexos con el crimen organizado.
Ante la intención del Poder Legislativo de aprobar una reforma que obligue al árbitro electoral a crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas de cara a los comicios del año 2027, Taddei Zavala demandó delimitar con precisión las responsabilidades institucionales en la ley.
La presidenta del INE enfatizó que deben ser los órganos de inteligencia y procuración de justicia del Estado mexicano las instancias encargadas de auditar y otorgar dicho estatus de elegibilidad a los candidatos.
Propone transferir la fiscalización a entes especializados
Para evitar que el instituto asuma tareas de seguridad que no le corresponden, la consejera propuso que la legislación designe formalmente a las siguientes dependencias federales para realizar las indagatorias de idoneidad patrimonial y penal:
- Fiscalía General de la República (FGR): Para la consulta de antecedentes penales, carpetas de investigación vigentes y órdenes de aprehensión.
- Unidad de Inteligencia Financiera (UIF): Para el rastreo de operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.
- Centro Nacional de Inteligencia (CNI): Para la evaluación de riesgos de seguridad nacional y vínculos con células delictivas.
- Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): Para la fiscalización y monitoreo de cuentas bancarias y movimientos financieros sospechosos.
El INE funcionará únicamente como intermediario
La titular del órgano electoral aclaró que el papel del INE en este mecanismo debe limitarse al de un canal administrativo o intermediario logístico.
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Bajo este esquema, el instituto se encargará exclusivamente de recibir las solicitudes de registro de los partidos políticos, turnar los expedientes a los entes de seguridad correspondientes y, una vez que reciba los dictámenes de las fiscalías, notificar si el perfil representa un riesgo legal formal que impida continuar con su postulación.