Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) desmintió de manera categórica la existencia de una imputación penal o el inicio de acciones condenatorias en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia "Maru" Campos Galván.
Esto ocurre luego de que la mandataria panista denunciara públicamente haber recibido una notificación jurídica ligada a un expediente por presunto secuestro, promovido por su antecesor, el actual senador Javier Corral Jurado.
A través de un comunicado oficial, la fiscalía capitalina calificó como "falsas" las versiones que sugieren que se busca fincar responsabilidades delictivas contra la gobernadora, precisando que la institución ya resolvió formalmente el estatus de dicha indagatoria.
"Esta Fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal, al concluir que no existían hechos constitutivos de delito que perseguir por parte de esta institución", puntualizó el órgano autónomo de justicia.
Origen y naturaleza del citatorio judicial
Para esclarecer el revuelo político y mediático provocado por la difusión del video en las redes sociales de la mandataria chihuahuense, las autoridades ministeriales explicaron la verdadera naturaleza del documento entregado:
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- No es una imputación: La orden de comparecencia no fue emitida para iniciar un proceso penal en su contra, sino que responde al trámite obligatorio de un recurso legal interpuesto por la parte acusadora.
- Impugnación de Javier Corral: El citatorio deriva exclusivamente de una impugnación promovida por el senador Javier Corral Jurado en contra de la resolución de la Fiscalía que daba por cerrado el caso (en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales).
- Ordenamiento judicial: La Fiscalía aclaró que la notificación de la audiencia responde a un requerimiento de un juez de control para desahogar dicha inconformidad, un paso administrativo y procesal obligatorio en el que se cita a las partes involucradas, pero que no altera el dictamen previo de inocencia.
La institución reiteró que tanto la gobernadora de Chihuahua como el resto de las personas señaladas originalmente en la denuncia interpuesta por Corral Jurado fueron notificadas con anterioridad sobre el descarte del delito, por lo que su estatus legal en la Ciudad de México se mantiene libre de cargos penales.