Ciudad de México.— Durante la presentación de su segundo Informe de Rendición de Cuentas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, equiparó las estrategias de los partidos opositores actuales con la gestión del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, a la cual calificó como un "narcogobierno" debido a su política de seguridad.
La postura de la mandataria federal se expuso en un marco de tensiones políticas derivado de las indagatorias que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) tanto a gobernantes de oposición como a funcionarios emanados de su propio partido.
La jefa del Ejecutivo argumentó que los bloques políticos rivales buscan recuperar espacios de poder mediante la vinculación con administraciones y organizaciones extranjeras.
Dichas afirmaciones se dan en un entorno donde la soberanía nacional y la presunta intervención de dependencias foráneas en el país han vuelto al centro del debate legislativo y judicial.
Señalamientos cruzados e investigaciones de la FGR
El balance de la rendición de cuentas coincidió con el desarrollo de indagatorias federales que tocan distintas adscripciones partidistas.
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Por un lado, la FGR mantiene abierto un expediente en torno a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, relacionado con la presencia no autorizada de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense en un operativo de seguridad local.
Sheinbaum Pardo aclaró que la comparecencia de la funcionaria estatal responde a un requerimiento de información sobre los hechos y no a una imputación directa en su contra.
Por otra parte, la controversia judicial alcanzó al partido oficialista tras revelarse que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la detención urgente con fines de extradición de diez servidores públicos mexicanos.
Ante esta situación, la FGR citó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al senador Enrique Inzunza y al alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez, por presuntos vínculos con una facción de la delincuencia organizada en esa entidad.
Al respecto, la mandataria federal condicionó el actuar del gobierno mexicano a la presentación de pruebas por parte de las autoridades de Washington.
Respaldo a la reforma de nulidad electoral
Como mecanismo institucional frente a los escenarios de vinculación internacional denunciados, el bloque mayoritario de Morena y sus aliados impulsó una reforma de carácter constitucional.
Esta modificación jurídica establece la "injerencia extranjera" como una causal explícita para dictaminar la invalidez y nulidad de los procesos electorales en el territorio nacional.
La presidenta defendió la pertinencia de la medida regulatoria al asegurar que blinda las políticas de la administración federal frente a presiones externas.