Ciudad de México.- El senador Enrique Inzunza, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aseguró que permanecerá en el cargo hasta la expiración de su mandato, en 2030, a pesar de que Estados Unidos (EU) reclama su detención urgente al acusarle de vínculos con el narcotráfico y de posesión de armas.
"Fui electo senador de la República por el voto de cerca de 700 mil sinaloenses (...) Esa es la responsabilidad que me otorgaron los sinaloenses y la honraré, como hasta hoy, con puntualidad, compromiso y decoro, hasta su término en 2030", publicó el político en su cuenta de X.
Este mensaje de Inzunza se produce en medio de crecientes rumores de que podría renunciar a su cargo en la Cámara alta por la acusación del Departamento de Justicia estadounidense que pesa en su contra, algo que el senador descartó de forma rotunda al defender su inocencia.
Él es uno de los diez funcionarios del estado de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya o el alcalde de Culiacán, que Washington acusa de "conspirar con líderes del Cartel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a EU a cambio de apoyo político y sobornos".
En concreto, les señalan de colaborar con la facción de Los Chapitos, vinculada a los hijos del capo del narcotráfico Joaquín 'El Chapo' Guzmán.
Te podría interesar
En su mensaje en X, Inzunza destacó la "veracidad de mi vida al servicio de las instituciones" y remarcó que su causa será "proseguir la andadura de consolidación del estado constitucional de bienestar en México" desde el Senado.
"Siempre recto, nunca enderezado", concluyó el político de Morena, mismo partido que el de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Al igual que otros funcionarios acusados por EU el senador por Sinaloa pidió a finales de mayo una licencia temporal de dos días del cargo, una decisión que justificó en la "embestida mediática" desplegada por "medios de la derecha".
No obstante, Inzunza regresó a su puesto tras el plazo estipulado.
Sobre este caso, Sheinbaum explicó esta misma semana que no existe un plazo para que Washington presente pruebas contra los políticos cuya detención reclama con fines de extradición, al tiempo que volvió a defender la negativa de su Gobierno a aceptar esta solicitud por la falta de evidencias presentadas en la solicitud inicial.