Ciudad de México. – El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador de Morena, Ignacio Mier, descartó, en definitiva, la asistencia de Enrique Inzunza al resto de las sesiones que se realizarán de la Comisión Permanente.
También confirmó que el legislador, acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de tener vínculos con el cártel de Sinaloa, cobra puntualmente su dieta.
El presidente de la Junta de Coordinación sostuvo que por decisión política no llamará a Inzunza a las sesiones de la Permanente, para evitar el “show mediático” y porque tiene entre 18 legisladores registrados, la opción de convocar a nueve, lo que no hace obligatoria la asistencia del senador por Sinaloa.
“Yo, por la estrategia, determino quiénes son de los dieciocho, los nueve que van a asistir. Y yo he considerado por inteligencia pública, por prudencia, por privilegiar la discusión y el debate legislativo, y no el show mediático como el show protagónico, y convertir el Senado en un circo, nunca me he caracterizado por eso.
Mier explicó que debido a que Inzunza no está sujeto todavía a proceso judicial, su dieta como legislador no se retiene y puede cobrar con cheque.
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“Nosotros no podemos actuar de manera unilateral si no hay un requerimiento de carácter judicial, oficial, formal, jurisdiccional, y no lo tenemos. Como a muchos senadores que optan no por la transferencia, sino por el cheque.
“Podría yo decir, es por ley, es una obligación, es responsabilidad de la Junta de Coordinación Política, en coordinación con la Mesa Directiva y el área administrativa de la cámara, que los apoyos económicos y las dietas de los senadores no pueden ser violentas de la misma manera, salvo que existiera una discusión judicial en ese sentido”.
Enfatizó que el senador Inzunza puede designar a un representante para recoger el cheque correspondiente o realizar el trámite mediante los mecanismos legales disponibles.
EU abre investigación contra Alfonso Durazo y Américo Villarreal
El gobierno de Estados Unidos habría abierto una investigación criminal contra los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, de acuerdo con una investigación publicada por Puente News Collaborative y Los Angeles Times.
Según los reporteros Steve Fisher y Kate Linthicum, Durazo —de 71 años— figura entre los funcionarios de más alto perfil presuntamente bajo investigación hasta ahora.
De acuerdo con el reportaje, su visa habría sido cancelada el año pasado y estaría siendo indagado por supuestos vínculos con el crimen organizado. También recuerdan que fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Fuentes citadas por los periodistas señalan que, pese a la cancelación de su visa, Durazo seguiría viajando a Estados Unidos con regularidad para recibir atención médica, amparado en un programa especial conocido como Significant Public Benefit parole, utilizado en casos donde personas colaboran en procesos relacionados con seguridad pública.
Este esquema permitiría a ciertos no ciudadanos declarar ante un gran jurado para reducir posibles consecuencias legales. La oficina del gobernador no habría respondido a solicitudes de comentarios.
En el sistema judicial estadounidense, un gran jurado evalúa evidencia presentada por fiscales para determinar si procede una acusación formal.
El texto menciona como antecedente el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien habría sido acusado por un gran jurado en Nueva York, lo que derivó en una solicitud de extradición.
El reportaje también reconoce que el periodista mexicano Luis Chaparro había informado previamente sobre la presunta pérdida de visa de Durazo y la obtención del parole.
En el caso de Américo Villarreal, la investigación estaría relacionada con el huachicol. De acuerdo con las fuentes, también contaría con un parole del mismo tipo y, cuando viaja a Estados Unidos, sería acompañado por autoridades estadounidenses. El gobernador de Tamaulipas negó las acusaciones en declaraciones a los reporteros.