Ciudad de México.- El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar señaló que la reciente presentación del proyecto de ley Stop Fueling Cartel Violence Act en el Senado de los Estados Unidos confirma el carácter transnacional del robo de hidrocarburos.
La propuesta legislativa, introducida el 14 de mayo de 2026 por los senadores John Cornyn y Jacky Rosen, busca mitigar una problemática que debilita las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex), afecta la recaudación fiscal y fortalece las capacidades de organizaciones criminales mediante redes de corrupción y lavado de dinero.
De acuerdo con estimaciones de Pemex citadas en el contexto de la discusión, en 2024 se sustrajeron de manera ilegal aproximadamente 987 millones de litros de combustible, una cifra que triplica los registros obtenidos en 2019.
El documento legislativo estadounidense advierte que el impacto financiero para la Hacienda pública mexicana se traduce en pérdidas de miles de millones de dólares anuales, estimando una afectación diaria cercana a los 24 millones de dólares en ingresos tributarios potenciales. Asimismo, se calcula que entre el 16% y el 27% del consumo anual de combustibles en México proviene de fuentes ilícitas.
Cooperación binacional y estrategias técnicas
La iniciativa promovida en el Congreso estadounidense plantea el fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas de seguridad aliadas y el intercambio de información con agencias civiles de inteligencia financiera. Estas medidas se enfocan en acciones no cinéticas, orientadas a la identificación de nodos logísticos y empresas fachada, evitando el uso de la fuerza militar directa.
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Por su parte, el Estado mexicano mantiene el desarrollo de estrategias homólogas enfocadas en:
- El reforzamiento y fiscalización de los puntos aduanales.
- La implementación de marcadores químicos y sistemas de trazabilidad del combustible.
- El uso de inteligencia financiera para desarticular los esquemas de lavado de activos.
- Ajustes legislativos y soberanía energética
El legislador Ramírez Cuéllar subrayó la urgencia de convocar a una consulta amplia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para adecuar el marco normativo, las disposiciones administrativas y las sanciones penales vigentes en el país.
El objetivo primordial de estas reformas es incrementar la capacidad del Estado para supervisar ductos, aduanas y puntos de venta final. El combate integral a esta actividad ilícita se perfila como una prioridad de Estado indispensable para salvaguardar la integridad de la infraestructura energética, proteger el patrimonio de la petrolera nacional y asegurar los recursos fiscales destinados al desarrollo público.