Monterrey. - La fiscalía general de Justicia del Estado de Nuevo León informó que un Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra de tres personas identificadas como miembros de la autodenominada "Comisión Internacional de Derechos Humanos y Procesos Judiciales" (CIDH), por su presunta participación en el delito de despojo de inmueble.
Los investigados fueron identificados como Jorge "N", de 66 años; Adriana "N", de 42 años; y Dominga "N", de 68 años, quienes fueron capturados por detectives de la Agencia de Investigaciones Criminales (AEI) mediante órdenes de aprehensión cumplimentadas el pasado 27 de mayo en los municipios de Monterrey y Apodaca.
De acuerdo con las indagatorias presentadas por el Agente del Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 17 de marzo de 2026 en una vivienda ubicada en la calle San Carlos del Fraccionamiento San Javier, en el municipio de Apodaca.
La víctima (una mujer de identidad protegida con la inicial A.) mantenía la posesión legal del inmueble desde agosto de 2014, tras haber celebrado un contrato de compraventa y cesión de derechos precisamente con la ahora imputada, Dominga "N".
Sin embargo, aprovechando que la víctima se encontraba fuera de la propiedad, Dominga "N" arribó al lugar acompañada por Jorge "N", Adriana "N" y un grupo de personas. Utilizando herramientas, rompieron las cerraduras e irrumpieron en el domicilio. Al ser alertada por los vecinos, la afectada regresó a su casa, pero los imputados formaron una barrera humana para impedirle el acceso a su propia propiedad.
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Durante la audiencia de imputación, el Juez estimó que existían datos de prueba suficientes para acreditar la probable autoría de los señalados, por lo que determinó prisión preventiva dictada en contra de Jorge "N" y Adriana "N", al considerarse que representan un riesgo para la víctima, los testigos y la comunidad, además de existir peligro de sustracción y de obstaculización de la justicia.
Así mismo, se dictó medidas en libertad para Dominga "N", debido a su edad, se ordenó la firma periódica quincenal, la prohibición de acercarse a la víctima o al inmueble, y el veto total a cualquier tipo de comunicación con la afectada.
El juzgador fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
Como parte de las acciones ministeriales, las autoridades ejecutaron también una orden de cateo en las oficinas de la organización, ubicadas en la colonia Del Vidrio en Monterrey.
Según información compartida, desde el pasado 11 de mayo el Ministerio Público tenía una investigación activa en contra de Jorge N., quien es identificado como presunto asesor de Zambrano, ya que lo acompañaba en diferentes videos. Al igual que Adriana N. y Dominga N., todos integrantes de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de Monterrey.
La Fiscalía detalló que en dicho inmueble Jorge "N" y otros integrantes ofrecían servicios de investigación y denuncias de manera presuntamente irregular. Asimismo, se detectó que a través de redes sociales la organización utilizaba sin autorización logotipos y leyendas oficiales de la Fiscalía de Nuevo León, además de que el propio Jorge "N" solía exhibirse portando una placa metálica con las siglas de la supuesta comisión civil.