Ciudad de México.— El creador de contenido mexicano Luisito Comunica enfrenta cuestionamientos en redes sociales tras difundirse acusaciones públicas por parte de trabajadores de sus cadenas comerciales Deigo Ramen y Deigo Sushi.
Los inconformes señalan presuntas irregularidades laborales, centradas principalmente en la omisión del pago correspondiente al reparto de utilidades del ejercicio fiscal 2025.
La inconformidad cobró relevancia en la red social X tras la divulgación de testimonios que afirman recibir notificaciones institucionales donde se estipula la ausencia de rendimientos distribuibles para el personal.
Los denunciantes argumentan que dicha justificación financiera contrasta con la actividad comercial observable de la marca, la cual mantuvo un proceso de expansión mediante la apertura de sucursales, establecimiento de centros de producción e integración de nuevos inversionistas durante el periodo citado y los primeros meses de 2026.
Declaraciones y quejas del personal afectado
A través de manifestaciones de carácter anónimo, los empleados expusieron que los argumentos de la administración empresarial carecen de concordancia con el flujo operativo de los restaurantes.
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Las declaraciones compartidas detallan que, además de la falta de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), las empresas incurren de forma regular en modificaciones a sus razones sociales, registros de cotización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inferiores a las percepciones reales y retenciones aplicadas directamente al rubro de propinas.
Hasta el momento, ni el equipo de representación del emisor de contenido ni las direcciones operativas de las marcas gastronómicas involucradas han presentado un pronunciamiento público formal para esclarecer los señalamientos vigentes en las redes de comunicación.
Marco legal del reparto de utilidades
De acuerdo con el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, el otorgamiento de utilidades constituye un derecho obligatorio para las plantillas laborales, condicionado de manera estricta a la existencia de una utilidad fiscal gravable validada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Especialistas en materia laboral recuerdan que la normatividad concede a los cuerpos de trabajadores la facultad legal de revisar las declaraciones fiscales patronales.
Ante la sospecha de simulaciones jurídicas o evasión de obligaciones salariales, los afectados disponen del recurso de acudir ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) para solicitar auditorías e inspecciones oficiales en los centros de trabajo.