Diputadas solicitan intervención de la Auditoría por detención del edificio de Semefo

Las diputadas resaltaron la necesidad de aclarar el contrato, por lo que urgieron la intervención de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Legisladora Iraís Reyes
Legisladora Iraís Reyes Créditos: Facebook Iraís Reyes
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Monterrey.- Con el nuevo edificio del Servicio Médico Forense (SEMEFO) detenido, diputadas locales resaltaron la necesidad de aclarar el contrato, por lo que urgieron la intervención de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

En este sentido, la legisladora de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes de la Torre, consideró que una mala administración desencadenó en que este inmueble tenga este rezago, y en el escenario de insostenibilidad que vive el Semefo.

De esta manera, llamó a la Auditoría Superior del Estado (ASENL) de Nuevo León a corroborar los pormenores del acuerdo al que llegó la institución con el proveedor para efectos de los trabajos.

“Ahora que vemos el impacto de la lentitud de construcción de un inmueble, y cómo afecta la vida de las familias no tener una obra terminada que es necesaria, es necesario que la ASENL haga una revisión de qué sucedió con ese contrato”, declaró Reyes.

Por otra parte, la diputada local del PAN, Nancy Olguín, opinó que, aunque es urgente que haya nuevas instalaciones de la Semefo para aliviar la sobredemanda, sería irresponsable para la Fiscalía seguir brindando recursos para un trabajo que no está avanzando.

“El anticipo que se le dio en este caso al proveedor, si no está amortizado en físico con lo que se le dio anticipo, la dependencia caería en una irresponsabilidad en seguir avanzando en las igualas o en los conceptos de anticipos si la obra no justifica la parte del pago”, opinó la legisladora albiazul.

La congresista albiazul añadió esperar que las partes hagan lo conducente para que el tema sea subsanado, e ir haciendo la construcción.

Actualmente, los trabajos llevan cerca de un mes detenidos, con un avance del 17 por ciento al mes de marzo de 2023, aunque para esa fecha ya debió tener el 60 por ciento completado para entregar el edificio en septiembre.

La empresa S.S. Construcciones expuso que los trabajos quedaron suspendidos derivado de la falta de pagos, mientras que la Fiscalía General de Justicia alega que el proveedor acumula 70 millones de un anticipo no amortizado y una serie de retrasos importantes.