Monterrey. - El Congreso local aprobó reformas al Código Civil del Estado con el objetivo de regular las preventas de viviendas y departamentos, medida que busca atender la problemática de fraudes inmobiliarios y fortalecer la protección del patrimonio de las familias.
Las modificaciones, impulsadas por Carlos de la Fuente, líder de la bancada del PAN, incorporan una definición formal de preventa.
Ahora se establece que la preventa se refiere al ofrecimiento de un inmueble cuya propiedad no puede ser transmitida jurídicamente al momento de la oferta, debido a que se encuentra en proceso de construcción, urbanización o desarrollo y que carece de la autorización de venta correspondiente.
Lo anterior al modificar y añadir los artículos 1720 Bis, 1720 Bis 1, Bis 2, Bis 3, Bis 4, Bis 5 y Bis 6 al Código Civil.
Las reformas también precisan los requisitos que deberán contener los documentos de preventa y señalan que la oferta no podrá realizarse si quien la emite no cuenta con una licencia de construcción vigente para el desarrollo del inmueble.
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Durante la sesión, legisladores de distintas fuerzas políticas coincidieron en la necesidad de contar con un marco legal que atienda este fenómeno.
José Luis Garza Garza, de Movimiento Ciudadano, reconoció que, aunque su grupo parlamentario había manifestado reservas al dictamen en la Comisión de Legislación, decidió respaldarlo en el pleno al considerar urgente atender la problemática.
“Expresamos el día de ayer en la Comisión de legislación, desde el grupo legislativo de Movimiento Ciudadano, diversas deficiencias en esta reforma, motivo por el cual, en su momento votamos en contra del dictamen, sin embargo, hoy hemos decidido modificar el sentido de nuestro voto, porque reconocemos que la problemática de las preventas inmobiliarias es real y urgente”, señaló el legislador, quien añadió que existen irregularidades y abusos que afectan directamente a quienes buscan adquirir una vivienda.
Por su parte, la coordinación panista destacó que la iniciativa fue trabajada en conjunto con la Canadevi y la Caprovi, organismos del sector inmobiliario, y aseguró que las reformas representan un avance para brindar mayor certeza jurídica a las personas interesadas en adquirir un patrimonio.
El dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general, con el voto favorable de 41 diputados, aunque en lo particular se avaló por mayoría, luego de que una reserva presentada para modificar el artículo 1720 Bis 6 generara un intenso debate entre las bancadas.
Dicha reserva, propuesta por el propio De la Fuente, fue objetada por legisladores de Movimiento Ciudadano, quienes consideraron que el ajuste pretendía favorecer a los desarrolladores inmobiliarios y no a los ciudadanos, objetivo central de la reforma. En contra de la modificación se pronunciaron las diputadas Marisol González y Sandra Pámanes.
El promovente de la iniciativa defendió la reserva al señalar que existen casos en los que los desarrolladores no pueden cumplir con la entrega de los inmuebles debido a retrasos en permisos municipales, situación que, afirmó, no depende directamente de ellos.
Pese a las diferencias, los legisladores coincidieron en que la aprobación de estas reformas constituye un primer paso para regular las preventas inmobiliarias y avanzar en la prevención de fraudes que han afectado a numerosos compradores en el estado.
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