Monterrey.- El titular de la Fiscalía Anticorrupción, Javier Garza y Garza, dio a conocer que investigará posibles actos de corrupción y cohecho cometidos por inspectores o funcionarios del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) de Nuevo León.
El funcionario precisó que arrancará con una serie de investigaciones, luego de que algunos medios de comunicación evidenciaran una serie de malas prácticas por parte de los trabajadores del mencionado instituto.
“Estamos mandando un oficio a la Agencia Estatal de Investigaciones con el efecto de determinar los posibles hechos, de que pudiera algún personal del Instituto de Movilidad estar cobrando alguna dádiva que no le corresponde”, dijo.
Señaló que la Fiscalía Anticorrupción entrevistará a taxistas, choferes del transporte público y de plataformas de transporte para confirmar o descartar haber sido víctimas de este tipo de prácticas.
Agregó que en el 2022 se registraron cuatro carpetas de investigación, en tanto que en el 2023 sólo se ha presentado oficialmente una denuncia por cobros indebidos.
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“Dos de las cuales ya se llegó a un acuerdo por parte del personal del Instituto de Movilidad y se hizo una reparación del daño y como consecuencia ante la situación de que la víctima otorga su perdón, ahí quedaron reparados esos asuntos, pero todavía tenemos tres asuntos en los que podemos trabajar al respecto”, precisó el funcionario.
Garza y Garza pidió a la comunidad acercarse a la Fiscalía Anticorrupción para hacer las denuncias pertinentes en caso de haber sido víctimas de extorsión, cohecho o algún acto de corrupción por parte de la dependencia estatal a cargo de José Manuel Valdez Gaytán.
“Lo más importante es el concepto de la denuncia, si la gente en concreto nos dice qué oficial, que persona se lo pidió, para nosotros es muchísimo más fácil dar con esas cosas. Eso es lo que pedimos precisamente frente a esas circunstancias.
“Nosotros tenemos herramientas para el efecto de poder determinar quienes son los inspectores que pudieran estar involucrados con estos hechos y con eso de la mano con los denunciantes, pudiéramos llegar a una feliz integración de una carpeta judicial”, acotó.
Asimismo manifestó que, aunque el Sistema de Justicia Penal en el Estado tiene a dar prioridad a los acuerdos reparatorios para evitar procesos largos ante las autoridades jurisdiccionales, quienes cometan ilícitos frente a terceros, sí podrían recibir sanciones de cárcel en caso de que la práctica no sea un hecho aislado, sino actos sistemáticos o recurrentes.
“Tendríamos que ver cada caso en concreto, si es un simple cohecho, si es una extorsión si es una privación de un bien para el efecto, cada caso en concreto se tendría que valorar, pero sí son penas privativas de la libertad en caso de que se obtenga una sentencia condenatoria.
“Por lo pronto no serían de prisión oficiosa, sin embargo, después de un procedimiento si pudiéramos estar hablando de alguna pena de prisión”, enfatizó.