Monterrey.- El proyecto de Ley de Gestión Integral de Residuos, que busca quitar atribuciones al Estado, es impulsado por algunos legisladores del PRI y del PAN con los municipios, y pretende sacar provecho financiero al tema del manejo de residuos; esto provocará repercusiones contra el medio ambiente.
En entrevista para ABC Noticias, Alicia Lizárraga, directora General del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (Simeprode) consideró que actualmente los municipios no cuentan con la infraestructura adecuada, y esto pudiera originar la proliferación de tiraderos a cielo abierto.
A pregunta expresa sobre si esto abre la puerta a una privatización del manejo de residuos, la funcionaria dijo que, si bien el artículo 115 les otorga atribuciones en la materia, la entidad ya tiene capacidad en este servicio, por lo que todo apunta a que apuestan por la valorización.
“Suponemos que ellos esperan a lo mejor obtener algún tipo de ganancia con el tema de valorización de residuos, pero recordemos que Simeprode nació porque los municipios no podían atender este tema que era proliferación de basureros a cielo abierto, y un tema de contaminación ambiental y de seguridad.
“No todos tienen, ni el tipo de suelo que se necesita, ni cumplen con la normativa que establece la creación de los residuos, unos no cuentan con suelo vacante, otros no cuentan con el volumen de residuos que se necesitan, tendrían que hacer gestiones de la mano de otros municipios”, expuso.
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Lizárraga calificó este tema como un retroceso de al menos tres décadas, al ir en un sentido en contra de las tendencias en ciudades de avanzada, de generar distritos especializados para el confinamiento.
“Muchas veces les venden espejitos, creen que es muy fácil, para empezar, no hay permisos de generación de energía en el país, Simeprode ya cuenta con un contrato legado para poder generar, y actualmente el Metro funciona con la basura de la metrópoli, los parques metropolitanos funcionan con la energía que se genera de los residuos”, declaró en entrevista.
Como parte de las afectaciones que traería consigo la eventual aprobación de esta ley, además se estaría afectando a cerca de 500 personas, quienes trabajan en las bandas de reciclaje y ven amenazados sus fuentes de empleo, por lo que avaló que éstos ejerzan su derecho a la libre manifestación.
“Es lamentable que se llegue al extremo de vaciar basura como en la ocasión anterior y como se menciona en este caso del paro, pero recordemos que la mayoría de ellos tiene más de 30 años trabajando para lo mismo, muchos son trabajadores formalizados, ex pepenadores y en su mayoría mujeres jefas de familia.
“Claro que hay riesgo (de que pierdan sus empleos) porque los municipios estarían con la libertad de poder contratar de manera privada el servicio de confinamiento que es lo que creemos que es el interés que hay detrás de esta ley”, afirmó la funcionaria estatal.
Añadió que, ante la eventual aprobación, el Estado tiene el poder de emitir un veto, pero antes buscarán la mesa de diálogo con especialistas para que aporten en este tema y que finalmente los más afectados serán los propios municipios, sin embargo, resaltó que, en algunas reuniones de trabajo, los congresistas han dejado fuera al organismo que encabeza.
“Así como en su momento se hicieron grandes contratos de recolección, en este momento creemos que buscan trabajar el mismo tema, pero para la parte del confinamiento y disposición final de los desechos.
“Nosotros ahorita tenemos 470 empleados, casi 500, recordemos que el relleno de Salinas Victoria y la planta clasificadora tiene en su mayoría de empleadas mujeres y recibe los residuos de 14 municipios del área metropolitana, y atendemos el 96 por ciento de los residuos generados en la planta de Salinas Victoria y operamos además 13 rellenos en la periferia”, declaró.
La ley busca generar el derecho a un medio ambiente sano y alinearse con la normativa federal, sin embargo, en la entidad ya se cuenta con un organismo que se especializa en el manejo de los residuos a diferencia del resto del país.
“Ahí hay como que una confusión, porque buscan alinear esta ley tal cual como está en la mayoría de los estados, y están dejando atrás a todos los avances en materia de servicios con las que ya se cuentan.
“El organismo ya hace la transferencia, la valorización de los recursos y sobre todo la generación de energía verde, es ilógico que queramos clausurar o cerrar las puertas del único relleno en el país que tiene un permiso de generación de este tipo de energía, que es el más grande de América Latina y que ya había hecho gestiones para concentrar los residuos de la mayoría de los municipios para darle un adecuado manejo”, puntualizó Lizárraga.