Monterrey.- La Suprema Corte le ordenó al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, publicar los decretos 340, 341 y 342 en el Periódico Oficial del Estado.
Dichos decretos se aprobaron en el pleno del Congreso el pasado 22 de febrero, en los que se le remueven atribuciones al Poder Ejecutivo, como el Instituto de Defensoría Pública, restricción en los viajes al extranjero del Gobernado o el derecho al veto en el proceso de designación del Fiscal General de Justicia.
La Corte publicó el 21 de junio el acuerdo relativo a la controversia constitucional 262/2023 promovida por el gobernador en marzo del presente año. La resolución rechaza la solicitud al argumentar afectaciones en el procedimiento legislativo.
“Procede negar la medida cautelar solicitada…pues de concederse la suspensión se afectarían instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, cuyas bases y principios derivan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, se lee en el acuerdo.
Por medio de un comunicado, el Congreso del Estado sostiene que esta negación vincula en consecuencia al Poder Ejecutivo de Nuevo León a cumplir su obligación constitucional de publicar los decretos legislativos 340, 341 y 342.
Te podría interesar
El Congreso del Estado sostuvo que esta negación vincula en consecuencia al Poder Ejecutivo de Nuevo León a cumplir su obligación constitucional de publicar.
Mauro Guerra, Presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, reiteró esta postura al declarar que el Gobernador debe publicar los decretos, puesto que la resolución de la Suprema Corte prioriza la división de Poderes.
“Deja un precedente muy claro e importante para la vida política y pública en Nuevo León, en donde la Corte establece que la no publicación en el Periódico Oficial del Estado vulnera la división de poderes, vulnera la estabilidad de un proceso importante en la vida de Nuevo León que es lo que hace el Poder Legislativo, porque es ahí donde se hacen las reglas”, mencionó Guerra Villarreal.
El decreto 340 reforma más de 20 artículos de la Carta Magna en donde le quitan al Gobernador el derecho al veto en la elección del nuevo Fiscal, o incluso le dan facultades al congreso para ejercer la moción de censura y destituir a funcionarios del gabinete estatal.
Mientras tanto, el 341 deja a cargo al Instituto de Defensoría Pública del Poder Judicial, mientras que el 342 establece que el Gobernador tiene que pedir permiso al Congreso para ausentarse del país por más de tres días naturales. Foto Mauro Guerra: Congreso del Estado