Monterrey.- Pese a estar pagando su deuda ante la justicia, el amor y compromiso que sienten ha sido más grande, por lo que 38 parejas de personas privadas de su libertad participaron en una boda colectiva al interior del penal de Apodaca.
Como parte de los programas de reintegración social de quienes infringieron alguna ley, esta mañana tuvieron la oportunidad de vestirse de blanco, darse el “sí, acepto”, disfrutar del vals, el banquete y la celebración.
Acompañados de algunos de sus seres queridos como sus hijos o padres, además de autoridades penitenciarias y del gobierno estatal como representantes del registro civil, formalizaron su unión y recibieron simbólicamente su acta de matrimonio.
“Esta es una demostración de amor, nadie está aquí por compromiso, sino porque les nace estarlo a la mayoría los une un sentimiento y no un documento… pero también es muy bueno tener una certeza jurídica que avale su unión”, señaló en su mensaje Jesús Bermea, oficial del registro civil.
La ceremonia se realizó en uno de los patios contiguos a una iglesia en el interior de esta prisión estatal, donde colocaron toldos, mesas y decoración alusiva al festejo colectivo.
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“Una de las cosas maravillosas es cuando dos personas deciden unir sus voluntades para construir un proyecto de familia, la unidad básica de la sociedad en la familia; y este día, somos testigos de una fuerza más de la reconstrucción del tejido social, así que disfruten el festejo”, declaró José Luis Villalobos, titular del Centro de Inserción Social Número Dos Norte de la Agencia de Administración Penitenciaria.
Tras recibir su acta y decir “sí, acepto” ante el juez, los recién casados bailaron la canción de “Cielo” de Benny Ibarra como su primer vals, para después disfrutar del “asado de boda” y comer pastel.
Como maestra de ceremonia estuvo Clara Villarreal quien destacó la importancia de generar esta integración de las parejas de personas privadas de su libertad como parte de los programas de readaptación social.
“Es muy importante lo que en este día se celebra, no sólo la formalización de un compromiso, sino el fortalecimiento del tejido social a través del núcleo familiar y la integración de todas las personas”.
Otras autoridades presentes fueron Olga Susana Méndez Arellano, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; José Francisco Jiménez, comisario general de la Agencia de Administración Penitenciaria; Adriana Alejandra Mora, subsecretaría de Protección Social y Oportunidades de la Secretaría de Igualdad e Inclusión.
Asimismo, acudieron Graciela Buchanan Ortega, secretaria de las Mujeres del Estado de Nuevo León; Julián Maldonado Espinosa, coordinador de Oficialía de Registro Civil; María Mercedes Jaime de Fernández, de Voluntarias Vicentinas de Monterrey y Ana María Esquivel Hernández, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.