Monterrey.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, pidió a los ciudadanos que estén informados que el PRI y PAN están llenos de corrupción.
Esto después de que el diputado del PAN, Carlos de la Fuente, confesó su vínculo con un facturero relacionado con el crimen organizado.
Al término de la supervisión de las obras de la construcción de Villas en el DIF Capullos, el mandatario estatal consideró que las declaraciones realizadas por el también coordinador de los diputados del PAN, evidenciaron su presunta responsabilidad en la comisión de cuatro delitos financieros.
“Como les digo, yo a los amigos de enfrente, para no ser ya tan agresivo, todos están llenos de corrupción.
Lo anterior en relación a que el diputado del PAN aceptó nexos con Alejandro Araiza Gaytán, quien fue su contador y aparece en la reciente denuncia que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal en su contra.
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Acusan a Daniel Carrillo y Carlos de la Fuente de cometer 7 diferentes delitos
Por la presunta comisión de siete delitos es que están denunciando al alcalde de San Nicolás de los Garza, Daniel Carrillo, y al coordinador de la bancada del PAN en el Congreso, Carlos de la Fuente, cuyas penas pueden implicar la destitución de los cargos y la inhabilitación.
El ex regidor de San Nicolás, José Arcadio Zendejas Espinosa, acusó a los políticos antes mencionados por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, con relación al presunto desvío de recursos de 170 millones de pesos del presupuesto municipal a empresas ligadas con el legislador.
Sin embargo, la denuncia señala la presunta comisión de cinco delitos más, como cohecho, ejercicio abusivo de funciones, uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado y delitos contra el patrimonio del estado o de los municipios.
En este sentido, el ex miembro del Cabildo nicolaíta solicitó en su denuncia que se sancione conforme a lo que establece el Código Penal de Nuevo León en cuanto a la aplicación de penas privativas, así como en la separación de los cargos e imposibilidad de ejercer otros.
“Solicitando se le apliquen las penas privativas de libertad y pecuniarias correspondientes según las atenuantes y agravantes que el mismo código expresa, aunado a que se le destituya del cargo y se le inhabilite para ejercer cualquier otro cargo público”, se lee en la denuncia.