Monterrey.- A seis días de terminar la legislatura y tras casi dos años de pugnas con el Gobierno del estado, el Congreso local liberó ayer “humo blanco” en el controvertido tema del fiscal.
Diputados del PRI y PAN buscaron poner punto final a una novela de fricciones con la autoridad estatal y designaron por fin a la persona que se encargará de llevar las riendas de la Fiscalía General de Justicia.
Y no fue alguno de los nombres que los legisladores propusieron hace dos semanas, ni los más de 60 aspirantes que llegaron a tener en el proceso.
El elegido es una cara conocida… precisamente alguien que ya se encontraba realizando esta labor como responsable del Despacho del órgano investigador: Pedro Arce Jardón.
Él ya fungía con esas funciones luego de que Gustavo Adolfo Guerrero renunciara a esa titularidad en octubre de 2022, tras ocuparla por cuatro años, es decir, antes del inicio del actual gobierno.
Te podría interesar
La razón: el funcionario decidió jubilarse. Desde entonces inició una agria pugna entre el Poder Legislativo estatal, comandado mayormente por el PRI y el PAN, y el gobierno emecista de Samuel García, para designar como fiscal a un funcionario afín a los intereses políticos-partidistas de cada bando.
La elección de Arce se concretó después de la comparecencia de otros candidatos a ocupar el cargo. Ellos son Genaro García, Alberto Barrera y Guadalupe Saldaña.
En una primera ronda de votaciones, Arce obtuvo 14 votos y García 13, al tiempo que Barrera y Saldaña no consiguieron ninguna votación.
En una segunda ronda, se repitió el número de votos de Arce y García, por lo que se procedió a elegir al primero como el nuevo titular.
Gobierno impugnará
Debido a que el nombramiento de Pedro Arce no se aprobó por mayoría calificada en el Congreso local, sino únicamente por legisladores del PRI y el PAN, el Estado lo impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adelantó Javier Navarro, secretario general de Gobierno.
Según el funcionario estatal, la designación de Arce también es contraria a una resolución previa del máximo tribunal en la que se había ordenado que solamente sean tomados en cuenta para el proceso de elección aquellos aspirantes que entregaron una carta de no antecedentes penales.
“Estamos realmente muy decepcionados con el Congreso, específicamente con el PAN y el PRI, que son los que no entienden que hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia y es muy clara.
“Lo que está haciendo el Congreso es causar un conflicto en el estado que perjudica a los ciudadanos”, dijo Navarro en entrevista para ABC Noticias.
Así mismo, el secretario sostuvo que la designación del fiscal debe hacerse con un mínimo de 28 votos, requisito que fue incumplido por el Legislativo este lunes.
“El proceso que llevó a cabo el Congreso es totalmente ilegal, puesto que para llevar a cabo la elección del fiscal general del Estado debieron haber contado con 28 votos iniciales, y ellos solamente contaron con 27.
“Lógicamente, todo lo que votaron debe caerse a través de una reclamación que se haga por parte del Poder Ejecutivo”, agregó.
La lista final de cuatro aspirantes al cargo había sido vetada por el gobernador Samuel García, lo cual no fue tomado en cuenta por la oposición bajo el argumento de que el mandatario solamente podía vetar a un aspirante, y no el listado entero.
En la lista, además de Arce, se encontraban Alberto Barrera, Genaro García y Guadalupe Saldaña, todos ellos perfiles allegados al PRI y el PAN. Movimiento Ciudadano también calificó de ilegal la designación de Arce Jardón.
La designación de Pedro Arce como fiscal general del Estado es ilegal y responde a intereses políticos, sostuvo el partido Movimiento Ciudadano.
Y es que el pasado 15 de agosto, cabe recordar, el gobernador Samuel García había vetado el acuerdo donde se establecía la lista de los cuatro candidatos finales al cargo, lo cual no fue tomado en cuenta por los legisladores de oposición bajo el supuesto de que el mandatario solamente podía vetar a un aspirante y no el listado entero.
“No podemos aceptar una designación que responde a intereses políticos y no a las necesidades de justicia que reclama la sociedad de Nuevo León”, expresó la diputada emecista Sandra Pámanes.