Monterrey. - El Gobierno del Estado de Nuevo León presentó observaciones al acuerdo 116 aprobado por el Congreso local, con lo que el gobernador Samuel García Sepúlveda vetó la primera vuelta de la reforma electoral al considerar que representa un retroceso en materia de paridad de género.
A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo estatal informó que este veto se fundamenta en el artículo 125, fracción décima, de la Constitución del Estado, que faculta al titular del Poder Ejecutivo para formular observaciones a las leyes o disposiciones emitidas por el Congreso dentro de los diez días hábiles posteriores a su recepción.
Las observaciones del Gobierno estatal se centran en dos aspectos principales. En primer lugar, señalan que la reforma pospone la plena implementación de la paridad de género hasta el proceso electoral de 2030, lo que según el comunicado, constituye “un retroceso en el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres”, contrario al principio de progresividad establecido en la Constitución Federal.
El segundo punto plantea que la propuesta legislativa debe analizarse en el contexto del proceso nacional de reforma electoral encabezado por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, instalada el 4 de agosto de 2025, a fin de evitar “riesgos de contradicción normativa, inseguridad jurídica y falta de armonización con los parámetros nacionales que están en deliberación”.
El Ejecutivo estatal reiteró que el objetivo del veto es asegurar que cualquier modificación sea congruente con la Constitución Federal y garantice que “más mujeres participen en la vida política del Estado”.
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El Congreso de Nuevo León aprobó el pasado 23 de septiembre la primera vuelta constitucional de la reforma electoral, impulsada por las bancadas del PRI y PRD, con el aval de las comisiones legislativas. El dictamen establece que las nuevas disposiciones en materia de paridad y reelección aplicarían hasta el proceso electoral 2029–2030.
De acuerdo con el texto aprobado, en el proceso de 2027 los partidos políticos podrían definir libremente el género de su candidatura a la gubernatura, lo que, según el Gobierno estatal, vulnera el principio de paridad sustantiva.
Tras el veto, el Congreso deberá analizar nuevamente las observaciones del Ejecutivo y decidir si las acepta o insiste en mantener el texto original, en cuyo caso se requerirá una votación calificada para superar el veto.
El pronunciamiento estatal reactivó el uso del veto constitucional, mecanismo que el Gobierno no había ejercido desde hace más de ocho meses, y se da en un contexto de tensión política entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo por el calendario electoral y las reglas que regirán la elección de 2027.
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