Monterrey.- Con el respaldo de todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, fue aprobada la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, un marco jurídico que busca fortalecer la protección a víctimas y frenar uno de los delitos que más afecta a los sectores productivos del país.
El diputado federal Víctor Pérez Díaz, del Partido Acción Nacional, celebró la aprobación de esta ley, al considerar que representa un avance significativo para combatir la impunidad en torno a este delito, aunque reconoció que no contempla las penas más altas que su bancada propuso.
“Si con esta herramienta legal el gobierno federal y el sistema de administración de justicia no logran disminuir este delito, estaremos ante un fracaso del Estado”, enfatizó el legislador del PAN.
Pérez Díaz sostuvo que la nueva legislación será un arma que tendrá el sistema judicial del país, para que los ciudadanos ya no sufran incertidumbre por este delito.
El proyecto, aprobado recientemente en el Congreso, fue interpretado como un voto de confianza hacia la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, y busca responder a una demanda constante de empresarios, transportistas y comerciantes, principales víctimas del llamado “cobro de piso”.
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De acuerdo con el dictamen, el Artículo 15 establece que “a quien cometa el delito de extorsión se le impondrá una pena de seis a quince años de prisión y una multa de cien a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”. En casos agravados, la sanción podría alcanzar hasta 20 años de cárcel.
Uno de los principales objetivos de esta ley es unificar el tipo penal y las sanciones en todo el país, ya que cada estado contaba con sus propias definiciones y castigos. Sin embargo, la homologación implica una reducción en la pena máxima respecto a algunos códigos locales, donde las condenas podían llegar hasta 40 años de prisión.
Además, el Artículo Cuarto Transitorio establece que la nueva legislación podrá aplicarse de manera retroactiva en beneficio de los procesados, lo que podría derivar en revisiones de sentencias e incluso liberaciones anticipadas de personas condenadas por extorsión agravada.