Monterrey. - Las 71 mil viviendas abandonadas en Nuevo León son resultado de proyectos habitacionales autorizados sin atender las necesidades reales de los derechohabientes, como el acceso a transporte público, la cercanía a fuentes de trabajo y la disponibilidad de servicios básicos.
Así lo dieron a conocer este jueves 14 de agosto el presidente nacional de la Asociación Mexicana de Urbanistas (AMU), Juan Lázaro Kaye, y el presidente de la representación estatal de la AMU en Nuevo León, el arquitecto Óscar Martínez Garza.
De acuerdo con datos que se publicaron en ABC Noticias, del total de viviendas en abandono, el municipio de Juárez concentra 14 mil 339; le sigue García, con 11 mil 102; Apodaca, con 7 mil 327, y Escobedo, con 6 mil 165.
Martínez Garza explicó que el problema tiene su origen en administraciones pasadas, cuando se aprobaron desarrollos que no cumplían con las condiciones mínimas para habitarse.
“Los abandonos de las casas, desafortunadamente, son de otros momentos, cuando se autorizaron proyectos que no cumplían con las expectativas y necesidades de los trabajadores. Estaban muy lejos de sus empleos o no tenían suficiente equipamiento urbano para poder vivir. Son cosas difíciles de solucionar”, señaló.
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El arquitecto también informó que actualmente se mantienen en diálogo con personal del Infonavit, especialmente para analizar los nuevos esquemas y productos de vivienda que se están promoviendo.
“Estamos en pláticas con personal de Infonavit, sobre todo con los nuevos productos que están ofreciendo”, comentó.
Estas reuniones se desarrollan en el marco de la integración de la mesa directiva de la AMU, llevada a cabo el pasado 14 de agosto.
Por su parte, Juan Lázaro Kaye subrayó que la vivienda no debe considerarse un simple producto financiero, sino un derecho social.
"La vivienda no es un producto financiero, es un derecho social. Desde la planeación urbana, es un derecho fundamental; al final del día, la vivienda es para mejorar la vida. Como dijo Óscar, hacerla lejos, hacerlas caras, hacerla sin equipamiento y hacerlas sin condiciones de movilidad, obviamente generaron un rechazo generalizado", finalizó.
Asimismo, reveló que, a nivel nacional, existen 650 mil viviendas abandonadas, producto de una política habitacional deficiente que no priorizó las necesidades de la población, lo que ha provocado el deterioro de las zonas y la pérdida de ingresos para diversos sectores económicos.
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