Monterrey. - El presidente de CapitalTech, Rogelio de los Santos Calderón, aseguró que confía en que los procesos legales que enfrenta la Sofom regiomontana se resolverán “con transparencia y no con desinformación”, luego de que la empresa fuera acusada de defraudar a alrededor de 135 inversionistas.
A través de un comunicado publicado en LinkedIn, De los Santos —quien también preside el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera y el festival de emprendimiento IncMTY— defendió su trayectoria como emprendedor, mentor e inversionista, al señalar que siempre se ha guiado por principios de “integridad, colaboración y responsabilidad”.
“Confío en que CapitalTech hizo lo correcto al promover voluntariamente el proceso de concurso mercantil como un mecanismo legal para cumplir con todos sus acreedores de manera clara y equitativa. Lamento que algunos actores recurran a ataques personales para atraer atención mediática. Creo firmemente que los procesos legales deben resolverse con transparencia, no con desinformación”, expresó.
El empresario agregó que mantiene su compromiso de seguir impulsando proyectos que generen impacto positivo en Monterrey y en el ecosistema emprendedor de México.
Sin embargo, la situación legal de la Sofom continúa en revisión. Autoridades de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León informaron que CapitalTech no contaba con autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar, por lo que el caso podría judicializarse en las próximas semanas.
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El vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, explicó que se encuentran corroborando la información para robustecer las carpetas de investigación y proceder contra la financiera por captar recursos sin autorización, lo cual constituye un delito relacionado con la Ley de Instituciones de Crédito.
“Nosotros investigamos si esas instituciones tienen la autorización de la Comisión Nacional Bancaria para captar dinero; si no la tienen, forma parte del engaño del que ordinariamente se acusa a estas personas, sin perjuicio del delito que constituye la violación a la Ley de Instituciones de Crédito”, detalló Orozco.
El proceso, precisó, podría extenderse por algunas semanas mientras se integran los elementos probatorios.
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