Monterrey.- El Poder Judicial del Estado de Nuevo León y la Fiscalía General de Justicia firmaron un convenio de colaboración interinstitucional que privilegia la procuración e impartición de justicia, incrementando los acuerdos reparatorios, el uso de los mecanismos alternativos para la solución de controversias, la calendarización efectiva de las audiencias y la celebración con efectos jurídicos resolutivos.
Así también, el acuerdo tiene como objetivo mejorar la atención ciudadana, de tal forma que sea oportuna y de calidad; impulsar la profesionalización del servicio público; y optimizar los servicios de ambas instituciones.
Además, las partes se comprometen a desarrollar una serie de conversatorios entre jueces, magistrados, Agentes del Ministerio Público y personal directivo de la Fiscalía General, con el objetivo de compartir criterios y experiencias que permitan fortalecer la procuración y administración de justicia en la entidad federativa.
El acuerdo establece incrementar la oferta educativa de ambas instituciones a través de organismos nacionales e internacionales para la capacitación de su personal considerando sus diferentes funciones.
El convenio busca acercar los servicios que brindan ambas instancias a través de brigadas comunitarias, mediante actividades de orientación, asesoría, trámites, programas, proyectos, ferias, o cualquier otra forma de colaboración que permita establecer canales de comunicación eficientes, efectivos y cercanos.
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Entre los puntos del convenio también se acuerda establecer mecanismos de coordinación interinstitucional para la habilitación de una agenda de trabajo que busque abatir los rezagos en la celebración de audiencias, asignando horarios estratégicos para su desarrollo e implementando esquemas de audiencias agrupadas.
Por último, con la firma del acuerdo se busca garantizar una justica cercana para todos con responsabilidad y espíritu de servicio en el acceso a la justicia y la tutela de los derechos humanos, así como cumplir con el objeto del proceso penal, conforme a los principios de legalidad, eficiencia y colaboración institucional.
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