Monterrey.- Zinc Nacional formalizó un convenio de responsabilidad ambiental con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con el que la empresa se compromete a ejecutar un programa integral de remediación y a reforzar medidas correctivas para reducir el impacto de su operación en el área metropolitana, informó la compañía a través de un comunicado.
El acuerdo es resultado de varios meses de trabajo técnico y coordinación con autoridades ambientales, especialistas independientes y laboratorios certificados, quienes evaluaron las condiciones de calidad del aire, agua y suelo en la planta ubicada en el municipio de San Nicolás.
De acuerdo con Zinc Nacional, en el análisis relacionado con la calidad del aire y las fuentes fijas de emisión, las mediciones se ubicaron por debajo de los límites establecidos en la normatividad vigente, lo que, afirmó, refleja el funcionamiento de los sistemas de control y captación de polvo que operan actualmente en la planta.
En cuanto al suelo, los estudios detectaron un área específica de oportunidad dentro del predio, vinculada a la presencia histórica de materiales y a operaciones realizadas por empresas que ocuparon el sitio con anterioridad.
Según el comunicado, los elementos identificados permanecen contenidos en el suelo, sin dispersión hacia el aire ni arrastre a cuerpos de agua durante las lluvias.
Te podría interesar
A partir de estos hallazgos, la empresa inició un programa formal de remediación en coordinación con la Profepa y expertos técnicos, que contempla tanto medidas correctivas obligatorias como acciones voluntarias de mayor alcance.
Entre ellas se encuentran la ampliación de la nave receptora de materias primas, la construcción de 9 mil metros cuadrados de naves cerradas para cubrir patios de materiales, la pavimentación de más de 2 mil 300 metros cuadrados de caminos internos y la reubicación de materiales a granel en espacios cerrados.
De manera adicional, la Profepa impuso a la empresa una multa superior a los 83 millones de pesos, derivada de procedimientos de inspección iniciados a principios de 2025, así como la obligación de cumplir 24 medidas correctivas.
