Monterrey. - Finalmente, el gobernador Samuel García envió al Congreso local el veto al Paquete Fiscal 2026, remitiendo observaciones a la Ley de Egresos, lo que abre la puerta a una eventual renegociación del presupuesto.
En medio de desacuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo, poco después de las 15:26 horas, el documento fue entregado en la Oficialía de Partes del Legislativo por Paola Chapa Valles, abogada de la Consejería Jurídica del Gobierno de Nuevo León.
Aunque la funcionaria no ofreció declaraciones, el documento detalla la postura del Ejecutivo local sobre que se rompe el equilibrio financiero y contraviene las reglas de disciplina fiscal.
La Ley de Ingresos no fue incluida, debido a que el criterio del gobierno estatal, esta cuenta con un plazo de 10 días hábiles para ser vetada, a diferencia de la Ley de Egresos, que requiere un periodo de sólo tres días.
Tras su recepción, se prevé que el veto sea turnado a la Comisión de Presupuesto para su análisis, aunque antes deberá convocarse a la diputación permanente para dar trámite al asunto o, en su caso, llamar a un periodo extraordinario de sesiones.
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Este proceso buscaría evitar una reconducción presupuestal, escenario que se ha planteado de manera recurrente en los últimos cuatro años.
Durante un evento público, el gobernador confirmó que ya había firmado el veto al Presupuesto 2026. Señaló que lo hizo “en buena onda” y manifestó su disposición para negociar un nuevo paquete fiscal.
El mandatario argumentó que el presupuesto avalado no garantiza recursos suficientes para obras estratégicas como las líneas del Metro ni para diversos programas sociales, entre otros proyectos prioritarios para la administración estatal.
Fue el pasado 18 de diciembre de 2025, tras una sesión maratónica que el Congreso local aprobó por mayoría el presupuesto para el ejercicio fiscal 2026.
El presupuesto de egresos 2026 fue aprobado con 22 votos a favor y el rechazo de las bancadas de Morena y Movimiento Ciudadano. El dictamen incluyó modificaciones relevantes, entre ellas la eliminación de aumentos a impuestos como el Impuesto Sobre Nómina y la asignación de un 25 por ciento adicional de recursos para los municipios.