Ciudad de México.- Al cumplirse el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum, la presidenta destacó una serie de logros que, afirma, marcan un cambio significativo en la administración pública, impulsado en gran medida por sus reformas constitucionales.
Entre los avances señalados ayer en su conferencia matutina se encuentra la reversión de reformas “neoliberales” anteriores, en particular la energética del sexenio de Enrique Peña Nieto.
También destacó la reforma judicial que permite la elección popular de jueces y magistrados, lo que —según Sheinbaum— democratiza el Poder Judicial.
Además, subrayó la reforma sobre los pueblos indígenas, que permite, entre otras cosas, la entrega directa de recursos a estas comunidades.
También resaltó una reducción del 32 por ciento en los homicidios como un logro relevante en materia de seguridad.
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En política social, se implementaron nuevos programas de bienestar, como los apoyos a mujeres de 60 a 64 años y las becas universales para estudiantes de secundaria pública, y además se extendió la cobertura de los ya existentes.
INDICADORES ECONÓMICOS LA RESPALDAN
El panorama económico también parece favorable para Sheinbaum, pues se prevé un crecimiento del PIB en 1.2 por ciento en 2025, pese al entorno complicado con el regreso de Donald Trump a la presidencia de EU.
La inversión extranjera récord de 34 mil 265 millones de dólares en el primer semestre del año muestra la confianza de los inversionistas; además, la inflación se ubica en un nivel controlado (3.6 por ciento), el desempleo es bajo (2.7 por ciento) y el salario mínimo creció 12 por ciento este año.
A esto se suma el lanzamiento del Plan México, enfocado en atraer inversión privada en infraestructura, vivienda y manufactura.
INSEGURIDAD Y CORRUPCIÓN, GRANDES RETOS
No obstante, persisten retos importantes. En salud, ciudadanos reportan desabasto y retrasos en la distribución de medicamentos, en contradicción con la versión oficial, y aunque los homicidios han bajado, la percepción de inseguridad sigue alta (63 por ciento).
Además, el huachicoleo continúa como un problema grave, con casos recientes que evidencian una colusión entre funcionarios y grupos criminales.
El Gobierno también enfrenta controversias políticas, como los señalamientos contra el senador morenista Adán Augusto López por presunta corrupción y nexos con el crimen organizado, así como acusaciones contra los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Así mismo, las reformas estructurales han generado críticas. La desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones y su sustitución por una nueva comisión ha despertado preocupaciones sobre retrocesos regulatorios y afectaciones a la competencia en el sector.
La elección de jueces por voto popular, aunque considerada democrática por el Gobierno, ha sido cuestionada por expertos, quienes advierten que puede generar incertidumbre jurídica, afectar inversiones y provocar una aplicación desigual de la ley a nivel regional.
Además, la eliminación de organismos constitucionales autónomos ha sido criticada por especialistas, quienes señalan riesgos en la autonomía institucional, posibles incumplimientos de compromisos internacionales y debilitamiento en la protección de derechos fundamentales.