Ciudad de México. – El organismo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que el senador Adán Augusto López y su hermano Melchor, son propietarios de un par de notarías que fueron utilizadas para construir empresas fantasma y factureras que estarían vinculadas con un desvío de 464 millones de pesos de Pemex, en un caso conocido como “La Estafa Maestra”.
Un documento expuesto por la organización menciona que Adán Augusto, actual coordinador de la bancada de Morena en el Senado, es titular de la notaría 27 de Tabasco, donde fueron constituidas las empresas CCTI y Surface Technology, ambas señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de haber recibido triangulaciones por 270 millones de pesos de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, todo ello por servicios que no fueron comprobados.
Entretanto, Melchor es acusado de haber constituido en la notaría 13 la empresa E&P Solutions, la cual según investigaciones de ASF recibió subcontratos por 194 millones de pesos de Pemex, también como parte del esquema de triangulaciones de La Estafa Maestra.
La propia MCCI indicó haber constatado que en estas dos notarias y en una tercera cuyo titular es un excolabaorador de Adán Augusto, “se dio fe de la creación de al menos trece sociedades mercantiles que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha incluido en la lista definitiva de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), también conocidas como factureras o compañías fantasma, que son utilizadas para evasión fiscal, lavado de dinero o desvío de fondos públicos”.
Incluso se acusó al exsecretario de Gobernación en la administración de Andrés Manuel López Obrador de haber atestiguado la creación de Grupo Consultor de Tabasco SA de CV, la cual fue incluida por el SAT en julio de 2017 en su lista definitiva de factureras.
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¿Qué es la ¿Estafa Maestra’?
Es el nombre que se le dio a una investigación periodística realizada por Animal Político en colaboración con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Se trata de un esquema de corrupción que operó en México, principalmente entre 2013 y 2014, durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.
En ella se reveló a un conjunto de dependencias gubernamentales (al menos 11, incluyendo la entonces Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL, y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano - SEDATU) desviaron miles de millones de pesos.
Estas dependencias gubernamentales celebraban convenios con universidades públicas para supuestamente prestar servicios especializados.
En cambio, los recursos, que estaban destinados a programas sociales y otros fines públicos fueron transferidos a estas empresas fantasma, y una parte significativa del dinero simplemente desapareció o fue desviado. Se estimó que el monto total de los contratos ilegales fue de $7 mil 670 millones de pesos.