Ciudad de México.- Tres extrabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), pertenecientes a las áreas de abasto, exploración y producción, así como a mantenimiento y construcción, son investigados por presuntamente haber recibido sobornos para liberar pagos anticipados por servicios inexistentes, alterar autorías y exonerar a empresas a cambio de contratos, informó esta mañana Raquel Buenrostro Sánchez, Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno.
Los exfuncionarios señalados son Roberto P., quien dejó Pemex en diciembre de 2021; Juan V., que salió en abril de 2022; y Erik N., quien se retiró en diciembre de 2024.
Según la denuncia, los tres habrían recibido pagos ilegales de siete empresas estadounidenses y dos residentes de ese país, incluido un panista vinculado al caso Oceanografía.
Buenrostro Sánchez subrayó que “de confirmarse su culpabilidad, estos actos no implican a Pemex como institución; se trató de conductas individuales fuera de la ley, por las cuales deberán ser sancionados si se acredita su participación”.
La funcionaria destacó que los exfuncionarios abandonaron la empresa antes de que se conociera la investigación en Estados Unidos, y que Pemex ya había implementado medidas preventivas y sanciones con anterioridad.
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La denuncia, presentada el 11 de agosto por una empresa estadounidense, involucra a siete compañías y dos individuos acusados de ofrecer sobornos al personal de Pemex.
La petrolera tuvo conocimiento del caso desde el 3 de abril de 2024. Entre las empresas señaladas están Tubular Technology, Energy On Shore Services, Cimentaciones Estructuras y Líneas, Techno Marine de México, Isa Data, Roma Energy México y Roma Energy Holding. También se mencionan a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, detenido en Estados Unidos, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, exfuncionario de Pemex vinculado al caso Oceanografía y excandidato del PAN en Campeche.
Según Buenrostro Sánchez, la trama de corrupción incluye cuatro contratos: dos firmados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, por 217 y 89.1 millones de pesos, y otros dos iniciados en 2020 por 52.9 y 30.9 millones de pesos, que fueron cancelados o concluidos anticipadamente debido a irregularidades detectadas en los procesos de adjudicación.
“Todas las empresas y exfuncionarios responsables deberán responder ante la autoridad, devolver los recursos al pueblo y serán sancionados; se buscará la recuperación del dinero en caso de afectación al erario”, concluyó Buenrostro Sánchez.