Monterrey.- En julio pasado, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmó que el 70% de las llamadas de extorsión que se registran en el estado provienen del Penal de Altamira, en Tamaulipas.
Pese a eso, Juan Antonio Sánchez Ruiz, subsecretario de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, rechazó esta versión y aseguró que las llamadas podrían originarse en zonas cercanas al penal, y no necesariamente desde su interior, lo que explicaría que los detectores las registren como si fueran generadas dentro del centro penitenciario.
Según cifras oficiales, en lo que va del año se han abierto 92 carpetas de investigación por extorsión en todo Tamaulipas, de las cuales solo 15 corresponden a la zona sur, donde se encuentra Altamira.
Sánchez Ruiz precisó que datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Centro Nacional de Información coloca a Tamaulipas en el puesto 13 a nivel nacional, muy por debajo de entidades como Nuevo León, que reporta 569 casos y ocupa el cuarto lugar.
El subsecretario detalló que el penal de Altamira opera con ocho inhibidores de señal activos y ha sido objeto de seis revisiones interinstitucionales durante este año, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía estatal y la Comisión de Derechos Humanos, entre otras dependencias.
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Sánchez Ruiz agregó que, debido a la proximidad del penal con zonas urbanas, las llamadas realizadas en los alrededores podrían registrarse como si provinieran del interior, aunque los centros cuentan con arcos detectores de metal, sistemas de rayos X, lectores biométricos, más de 300 cámaras de video vigilancia y estrictos protocolos de acceso, incluyendo la prohibición del uso de celulares.
‘’La empresa proveedora de inhibidores señaló en su estudio inicial que el centro penitenciario está ubicado en áreas pobladas y semi pobladas a menos de 1 kilómetro, por lo que una llamada dentro de este rango pudiera adjudicarse al Centro penitenciario injustificadamente", afirmó.
El funcionario subrayó que la seguridad dentro de los penales es una prioridad y reiteró la importancia de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para enfrentar la extorsión.
Por su parte, Javier Caballero, diputado local de Nuevo León y presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad, insistió en la necesidad de programas de prevención que orienten a la ciudadanía sobre cómo actuar ante llamadas sospechosas.
“La coordinación con el gobierno Federal es clave, si bien es cierto que es algo que sucede fuera de Nuevo León, la federación tiene injerencia en todos los estados y con esta información estratégica el llamado es que enfoque la estrategia en este penal de Altamira y se pueda ir bajando esta incidencia.
“Hay avances importantes, pero uno de los grandes temas es difundir las herramientas o protocolos de actuación para cuando sucede este tipo de delitos, se han hecho buenos esfuerzos, pero la seguridad es un tema dinámico y no te puedes detener, falta reforzar un poco más”.
En 2024 la Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió que en el penal de Altamira había insuficiencia de personal de seguridad y custodia, así como presencia de actividades ilícitas.